Garzón anuncia la creación de un organismo contra el fraude masivo de las empresas como en el «dieselgate»

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció la creación de una subdirección general, adscrita a la Dirección General de Consumo, para estudiar, vigilar, inspeccionar, desarrollar y aplicar la potestad sancionadora del Estado ante fraudes empresariales masivos a los consumidores, como el ‘dieselgate’. Así lo ha anunciado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, a petición propia, para informar sobre la trayectoria y el cumplimiento de los compromisos, y a petición de los grupos de VOX y Popular, sobre el turismo y la hostelería en España, el consumo de carne y el impacto de la subida de la inflación.

El responsable de la cartera de Consumo explicó que la capacidad sancionadora del Gobierno

Gobierno entró en vigor el pasado 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras. «Por primera vez en la historia de nuestro país, podrá tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora y que evitará que se produzcan en España caso como el de Volkswagen», ha subrayado. En su intervención, el ministro de Consumo ha repasado algunas de las medidas puestas en marcha por su departamento en un «proceso profundo de modernización de la normativa de consumo» y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan «en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad».

Entre las medidas, Alberto Garzón ha destacado la ampliación de la garantía legal de los bienes de consumo de dos a tres años, la obligatoriedad de poder asegurar piezas para reparación en un total de diez años, la aprobación de un nuevo Marco Estratégico de Consumo junto con las comunidades o el incremento en un 50% de la financiación del Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, Garzón ha hecho hincapié en la futura Ley de Atención a la Clientela, «un hito fundamental que ha sido muy bien recibido». A su juicio, la norma, que estará aprobada previsiblemente en 2022, «supondrá un antes y un después» en España porque mejora los plazos de consulta y resolución de incidencias y limita a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.