La Iglesia española y el Opus Dei se dan un año para investigar la pederastia y piden «ayuda y comprensión»

La Iglesia católica española ha encargado a un bufete de abogados con sede en Madrid la realización de una auditoría sobre los abusos a menores en el ámbito eclesiástico. Una auditoría que debe ser «un complemento» a las investigaciones promovidas por las autoridades políticas, según el presidente de la firma que la llevará a cabo durante los próximos 12 meses, Javier Cremades, quien anunció: «No venimos a sustituir, sino a complementar». Cremades, que presentó la iniciativa junto al cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Joan Josep Omella, quiso poner las cartas sobre la mesa desde el principio, explicando sus convicciones personales, pero asegurando que eso no interferiría en la auditoría y que no habría «manipulación». Soy católico, miembro del Opus Dei», admitió, «y por eso estoy convencido de que la Iglesia debe llegar hasta el final. No hay ningún conflicto.

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La intención de Cremades & Calvo-Sotelo es contactar con todas las diócesis de España para acceder a listas de víctimas de abusos ya identificadas e intentar hablar con ellas si lo desean. También se reunirán con todas las asociaciones de víctimas y órdenes religiosas, que, según el Sr. Omella, también están dispuestas a colaborar en esta auditoría. Además, piden la colaboración de todos los que tienen información -incluidos los medios de comunicación- y expresan la voluntad de poder completar las comisiones creadas por las instituciones para intercambiar información. De este modo, pretenden «tender un puente para facilitar la labor de las autoridades», explicó el cardenal. Una de estas comisiones estaría encabezada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con quien Cremades ya ha mantenido una conversación.

Omella comenzó su intervención reiterando el «perdón» a las víctimas y a la sociedad «en nombre de la Iglesia» y pidiendo también su «ayuda y comprensión», y señaló que esta comisión representa para la Conferencia Episcopal «un paso en su obligación de transparencia social, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades». «La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas y la sociedad», reafirmó.

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Reparaciones financieras

La auditoría no seguirá un modelo específico de los utilizados en otros países en procesos similares, sino que la fórmula alemana es la que tendrá más peso. Así, Cremades colaborará con la firma alemana Westpfahl Spilker Wastl (WSW) -encargada de investigar los abusos sexuales en la diócesis de Múnich-, el estudio concluyó que entre 1945 y 2019 hubo casi 500 víctimas y 235 presuntos autores. Además, el informe de WSW reveló que Benedicto XVI no actuó con firmeza y permitió que se encubrieran varios casos de pederastia cuando estaba al frente de la diócesis bávara. Dos abogados alemanes se desplazarán a Madrid cada mes para aportar su experiencia y asesoramiento al bufete madrileño.

En su intervención en Madrid, Omella evitó explicar por qué se da este paso ahora -cuando se impulsan dos comisiones en España- y pidió que se mire al futuro: «Lo hemos hecho mejor o peor, pero damos un paso más. Llevamos algún tiempo pensando en esta cuestión. Lo importante es no mirar al pasado, sino mirar al futuro. El cardenal también dijo que pronto informarán a la Santa Sede de la auditoría, pero que la Conferencia Episcopal no está dando «pasos en falso» porque el diálogo con el Vaticano sobre el problema de los abusos está en marcha y Roma les ha dicho que están «en el buen camino». Omella tampoco se pronunció sobre las compensaciones económicas, ya que son cuestiones que se tratarán más adelante, aunque Cremades dijo que es una posibilidad que se analizará jurídicamente, ya que si hay «daño», se debe plantear una «reparación» económica.

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Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia han acogido con recelo el impulso de esta auditoría. Según Manuel Barbero, de Mans Petites, la medida adoptada por la Conferencia Episcopal «no ofrece confianza» y «estará muy alejada de la realidad». A pesar de ello, Barbero se reunirá la próxima semana con los responsables de realizar la auditoría.

El bufete contará con 18 personas que trabajarán en la auditoría, entre ellas Encarnació Roca, ex magistrada del Tribunal Supremo y vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Cremades & Calvo-Sotelo aseguran que no cobrarán por el trabajo, sino sólo por los gastos ocasionados.

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