La Comunidad de Madrid paga por 135 camas hospitalarias que no existen millones de euros a una concesionaria privada desde hace 9 años

La gestión de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre como presidenta dejó un endeudamiento en la comunidad que pasó de 10.073 millones de euros en 2006 a 24.632 millones a finales de 2014, un endeudamiento que se investiga, a petición de Podemos y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, en la comisión de estudio sobre la auditoría y la gestión pública de la Asamblea de Madrid, en la que ha comparecido este martes el director gerente del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, Ricardo Hernanza, para dar cuenta de irregularidades entre lo contratado por la Administración y lo cobrado por la empresa concesionaria del hospital.

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Los datos aparecen confirmados en un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, realizado a petición de la nueva Consejería de Sanidad, en el que se recomienda que se adecue el contrato a la realidad pero, informa, solo se puede reclamar a la concesionaria que devuelva el dinero cobrado de más correspondiente a los últimos cuatro años, porque así lo estipula la ley.

Según la empresa privada, el derecho de la Comunidad de Madrid ya ha prescrito y el contrato no se puede cambiar porque, a su juicio, la administración de Aguirre no llevó a cabo equilibrio económico alguno y ahora no existe apoyo normativo para hacerlo, aunque el procedimiento no fuera riguroso.

Privatización de la Sanidad madrileña

El Puerta de Hierro es uno de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que funcionan con un modelo de gestión mixta implantado en siete de los once nuevos centros inaugurados entre 2007 y 2008, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El resto son los hospitales del Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía.

El mantenimiento de estos siete hospitales, gestionados directamente por el Sermas, depende de unas empresas concesionarias que también se encargan de servicios no sanitarios como la limpieza, la seguridad o la lavandería, y que en su día acometieron la construcción de los centros.

La Comunidad de Madrid tiene que pagar a estas empresas por todos los conceptos mencionados un canon con una vigencia de 30 años desde su puesta en marcha.