La Comisión de Expertos concluye: La Mezquita de Córdoba nunca perteneció a la Iglesia Católica y recomienda anular su inmatriculación recurriendo al Constitucional

La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, constituida a instancias del Ayuntamiento cordobés en 2017 con el fin de dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, ha establecido que la Iglesia Católica no es su propietaria y que la inmatriculación a su nombre «no tiene validez jurídica».

El trabajo de los expertos se ha plasmado en un informe de 20 páginas en el que se relata cómo el Obispado de Córdoba «inmatriculó a su nombre la ‘Santa Iglesia Catedral’ de Córdoba en febrero de 2006 gracias a la reforma del expresidente José María Aznar, con la modificación en septiembre de 1998 del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la Ley Hipotecaria franquista (1944)».

El documento destaca que «el análisis histórico» que han realizado «demuestra que la Iglesia Católica no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba».

Así, los expertos consideran «injusta la situación actual, además de lesiva para los intereses de la ciudadanía, en especial de la cordobesa», y ello por varios motivos, como que «en la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas».

Por tanto, la Comisión de Expertos sobre la Mezquita asegura que el Ayuntamiento «tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio».

Por ello, propone al Consistorio que recabe apoyos parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional, «con el objetivo final de anular la inscripción de la ‘Santa Iglesia Catedral’ de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral».

El monumento siempre ha sido propiedad del Estado

El informe indica que la Mezquita de Córdoba «carece de antecedentes cristianos documentados», se origina como un proyecto arquitectónico «ligado a la dinastía Omeya» y fue un edificio de propiedad «estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus».

Basándose en la documentación histórica conservada, los expertos subrayan, no solo que la Iglesia no puede demostrar la propiedad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sino que «hay numerosos indicios que muestran que no se produjo la donación» de la Mezquita a la Iglesia Católica, tal y como esta alega, por parte de Fernando III tras conquistar la ciudad en 1236, con lo que el monumento siempre ha sido propiedad del Estado.

De esta manera, los expertos consideran que el «uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa», y en este caso «no existe donación expresa».

En este sentido, ya en el ámbito jurídico, los expertos señalan que, al tratarse la Mezquita-Catedral de un «bien público», no es posible que la Iglesia «apele al mecanismo de usucapión» (adquisición de una propiedad mediante su ejercicio durante el tiempo previsto por la ley), ya que la «posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad».

Recuperar la titularidad pública de la Mezquita

Sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha indicado que el Ayuntamiento valorará y estudiará el informe para “desarrollar las actuaciones que van en la línea que le corresponden en su ámbito de competencias» para poder «recuperar el dominio público de la Mezquita-Catedral», ya que las conclusiones del documento ofrecen «más esperanza y capacidad» para «poder revertir una situación», la de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por la Iglesia en 2006, «con la que la ciudad de Córdoba no se siente cómoda».

Los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al «sistema de patronato», liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.

El informe ha sido elaborado por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.