La Organización Mundial Contra la Tortura incluye a España junto a Congo y Sudán en la lista de países donde los manifestantes están expuestos a la tortura y la represión

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha hecho pública esta semana su profunda preocupación por el trato recibido en determinados estados por las personas migrantes y por la “creciente represión y estigmatización de los defensores de los derechos de esas personas en movimiento en varios países”, entre los que destaca México, Grecia, España y Francia.

En el caso de España, además, queda incluida junto a Sudán, Togo, República Democrática del Congo y Honduras en la lista de países en los que se ha documentado el uso de la fuerza para dispersar las protestas pacíficas, y donde resulta preocupante el uso de la fuerza extrajudicial en el contexto de las protestas ciudadanas, donde los manifestantes pueden perder su protección contra la tortura y los malos tratos.

El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, ha expuesto que ciertas políticas y prácticas que los gobiernos utilizan para desalentar o evitar la llegada de las personas migrantes pueden ser consideradas torturas o malos tratos.

«Los Estados están privando cada vez más de libertad a la gente, de forma rutinaria o como respuesta obligada ante la migración irregular», señaló el relator ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra su trigésimo séptima sesión en Ginebra.

Al presentar su informe anual ante ese foro, Melzer indicó que medidas como el encarcelamiento sistemático y por tiempo indeterminado de personas, simplemente por su condición de migrantes, no tiene nada que ver con la protección de las fronteras y «puede representar una privación arbitraria de la liberad».

«Cuanto más prolongada es una situación de detención arbitraria, más intenso es el sufrimiento mental y emocional, lo que aumenta la posibilidad de que se esté frente a un caso de tortura o tratamiento cruel», explicó.

El relator también denunció que están aumentando los casos en que se viola el principio de no devolución forzada, que es el que protege a las personas de ser deportadas a países donde corren riesgo de torturas.

«Ningún inmigrante puede ser deportado legalmente sin que se realice una evaluación individual de su caso», recalcó.

En cuanto a los activistas de los derechos humanos, el informe destaca que “los defensores mismos pueden convertirse en personas en movimiento cuando se ven obligados a huir de su país debido a amenazas”, estando expuestos también a malos tratos y torturas. (Postidigtal/Agencias)