El impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) -también conocido como “Tasa Tobin”- que, aunque tímidamente, se planeaba introducir en la Unión Europea, con aspiraciones de la Comisión Europea de ser extendido a todo el mundo, podría quedarse en un simple gesto formal de poca repercusión recaudatoria real.
De los veintisiete estados miembros de la UE, tan sólo once decidieron hace siete meses comenzar a aplicar el futuro impuesto, a pesar de haber fracasado en sus intentos de persuasión del resto de estados. Estos once países -Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia- cuyo PIB supone 2/3 el de la UE, tenían previsto, como constaba en el borrador original de Bruselas, que a partir de 2014 sus instituciones financieras pagaran el 0’1% de todas las acciones y los bonos y el 0’01% de los derivados financieros, lo que, según los cálculos iniciales, supondría la recaudación de alrededor de 35.000 millones de euros.
Sin embargo, debido principalmente a la presión del sector bancario, ahora se prevé disminuir de manera drástica este gravamen reduciendo la carga impositiva hasta un 90%. Las acciones y los bonos tendrían con las nuevas consideraciones una tasa de tan sólo el 0’01%, es decir, no más de 3.500 millones de euros, una cifra tan poco significativa que apenas se notaría el efecto de la tasa, por lo que la banca saldría muy beneficiada con el cambio.
Además, la fecha de entrada en vigor del impuesto sobre las transacciones financieras ya no sería directamente el año 2014, sino que se iría introduciendo de manera gradual, de modo que en 2014 sólo se gravarían las acciones y no sería hasta dos años después que comenzarían a gravarse los bonos y aún más tarde los derivados.
Para los partidarios de la tasa, la introducción de estos cambios haría del impuesto una herramienta totalmente ineficaz y carente de sentido.
Los principales detractores del impuesto sobre las transacciones financieras alegan, entre otras cosas, la dificultad para recaudarlo debido al carácter internacional del mercado, donde las transacciones podrían relacionar a países en los que tuviera vigencia la tasa con países en los que no. En ese caso, aún está por aclarar si el gravamen sería aplicado según el lugar donde se encuentra el comprador o el vendedor o el origen del valor con el que se comercia.
Otro de los inconvenientes alegados está en el temor de que el impuesto desaliente a las compañías y los fondos no europeos a llevar a cabo inversiones en Europa, llevándose sus negocios a países en los que no exista la tasa, puesto que no es, como debiera ser, un impuesto global.
Los países que más ferozmente luchan contra el impuesto sobre las transacciones financieras son Luxemburgo y Reino Unido, ambos importantes centros financieros con un elevadísimo número de transacciones económicas, y que se verían obligados a recaudar el impuesto aunque no se aplicara en sus propios estados.
Estas revisiones del borrador original aún deben ser presentadas formalmente y es poco probable que se tome una decisión final al respecto antes de septiembre, pues los cambios perjudicarían significativamente la imagen de la canciller alemana Angela Merkel, principal defensora del proyecto, con el que se ha comprometido en su programa electoral de cara a las elecciones de Alemania en septiembre.
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