El impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) -también conocido como “Tasa Tobin”- que, aunque tímidamente, se planeaba introducir en la Unión Europea, con aspiraciones de la Comisión Europea de ser extendido a todo el mundo, podría quedarse en un simple gesto formal de poca repercusión recaudatoria real.
De los veintisiete estados miembros de la UE, tan sólo once decidieron hace siete meses comenzar a aplicar el futuro impuesto, a pesar de haber fracasado en sus intentos de persuasión del resto de estados. Estos once países -Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia- cuyo PIB supone 2/3 el de la UE, tenían previsto, como constaba en el borrador original de Bruselas, que a partir de 2014 sus instituciones financieras pagaran el 0’1% de todas las acciones y los bonos y el 0’01% de los derivados financieros, lo que, según los cálculos iniciales, supondría la recaudación de alrededor de 35.000 millones de euros.