Los pensionistas pagaron 598,3 millones de euros en copagos de medicamentos durante 2018. Además, por fármacos que perdieron la financiación pública tuvieron que desembolsar otros 488,7 millones de euros más. En total, pusieron de su bolsillo 1.087 millones más que antes de 2012 no tenían que pagar, según una estimación de gasto realizada por la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM).
A través de un comunicado, recuerdan que muchas personas no pueden hacer frente al abono del copago y prescinden de los medicamentos que necesitan: según cifras del Barómetro Sanitario de 2018, un 3 por ciento de la población no pudo comprar algunos de los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública.
«Aunque esta proporción se ha reducido desde 2017, siguen siendo demasiadas personas. Muchas no han podido comprar los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública por dificultades económicas. Muchas personas con pensiones bajas, con cargas familiares (hijos o nietos en paro que necesitan su ayuda para comer y para otros gastos), han tenido que prescindir de alguna de sus medicinas», comentan.
AAJM denuncia que el «repago» es «injusto», puesto que la sanidad «se paga a través de impuestos, que deberían ser en función de la capacidad económica (renta y patrimonio), de tal manera que la atención sanitaria pueda ser libre de pago en el momento en que se necesite utilizarla». En este sentido, consideran que la propuesta de presupuestos del Estado del Gobierno socialista para reducir progresivamente el copago farmacéutico «iba en la buena dirección».
Respecto a los medicamentos desfinanciados con el Real Decreto-Ley 16/2012, AAJM calcula que su precio medio ha aumentado en este periodo «de forma considerable». De una media de 4,92 euros por envase han pasado a una media de 9,34 euros por envase, lo que supone una subida del 90 por ciento, argumentan. «En ese mismo periodo (diciembre 2012-diciembre 2018), el IPC subió un 3,1 por ciento. No parece razonable», añaden.
Por otra parte, consideran «muy acertada» la decisión del Ministerio de Sanidad de rechazar un nuevo incremento del precio de ‘Fortasec’ (antidiarreico), que ha aumentado su precio un 217 por ciento desde 2012. «La Ley establece que se podrán rechazar estos aumentos para proteger la salud pública, garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y evitar lesión real o potencial a los colectivos desfavorecidos. Es bueno que el Gobierno sea firme en la defensa de los intereses de los pacientes y del conjunto de la sociedad», concluyen.
