Procesado un exconcejal del PP por violar y abusar de presos de la ONG en la que trabajaba bajo amenaza de devolverlos a la cárcel

By Redacción on 13 mayo, 2019

El ex teniente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, del Partido Popular, ha sido procesado por agresión sexual, acusado de haber violado hasta siete veces a una persona acogida por la ONG Horizontes Abiertos y de haber abusado sexualmente de otro ellos.

De Santos habría utilizado su puesto en la ONG, que trabaja con presos en régimen de semilibertad en tercer grado, para coaccionarles y obligarles a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad y ser devueltos a la cárcel.

«Prevaliéndose de su condición de coordinador del programa, y bajo la amenaza de emitir informes desfavorables que determinarían que se le retirara el aval frente al centro penitenciario, con la consiguiente pérdida de los permisos, Javier Rodrigo de Santos López obligó a Benjamín (nombre ficticio), en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales con él, consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales, usando preservativo», expresa el auto judicial fechado a 6 de mayo.

En cuanto a la segunda víctima, esta rechazó los tocamientos a los que De Santos quiso someterlo, por lo que el expolítico del PP le amenazó con «realizar informes negativos que determinaran la retirada del aval, con la consiguiente imposibilidad de disfrutar de permisos penitenciarios y visitar a su hijo menor de edad», expone el auto.

El juez impone así a De Santos una fianza de 44.000 euros como indemnización por daños morales a sus víctimas. De Santos deberá comparecer mensualmente en el juzgado y tiene prohibido salir del país. El auto de procesamiento es recurrible.

De Santos ya fue detenido en diciembre de 2017 por las presuntas agresiones sexuales en la ONG Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, por lo que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión incondicional, sin embargo, el juez entonces rebajó la medida cautelar a una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las dos víctimas que le denunciaron y a las casas de acogida de la ONG.

No es la primera vez que De Santos se las ve con la Justicia. De Santos ya fue condenado en septiembre de 2009 a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y casas de masaje, en los que gastó 50.000 euros con la tarjeta oficial del Ayuntamiento de Palma.

Además, el político del PP también fue condenado a 13 años y medio de prisión por la Audiencia de Palma por abusar sexualmente en su propio domicilio de cuatro menores, amigos de sus hijos y pertenecientes, como él, a la organización católica extremista Camino Neucatecumenal.

Pero, de nuevo, en julio de 2010 el Tribunal Supremo rebajó la pena a solo cinco años tras absolverle de dos de los cuatro abusos sexuales a menores por los que fue condenado el octubre de 2009.

Promesa del PP balear, la condena le costó el futuro político a De Santos, que fue expulsado del partido, pero accedió a un puesto en la ONG Padre Garralda-Horizontes Abiertos, por el que cobraba 22.000 euros anuales.

La ONG, cuyo patronato de financiación está compuesto mayoritariamente por personas del PP, se encarga de facilitar el tercer grado a presos con dificultades para reinsertarse por desarraigo al carecer de vivienda, ofreciéndoles pisos de acogida, y De Santos fue contratado para dirigir el proyecto con los reclusos.

Según las denuncias de dos de los reclusos, De Santos aprovechaba su posición en la ONG para forzarles a mantener relaciones sexuales amenazándoles “de que en caso contrario le quitaría el aval, esto es, efectuaría informes desfavorables para Instituciones Penitenciarias, lo que podría tener un efecto negativo en la concesión de permisos penitenciarios”.

Al parecer, las víctimas de De Santos podrían ser muchas más, según la declaración de una tercera persona que dijo haber sido testigo de las actividades del exregidor desde al menos agosto de 2015.