El Gobierno de Mariano Rajoy continúa en su senda de rescatar bancos y autopistas mientras recorta en servicios sociales. El Ministerio de Fomento rescata este jueves la tercera de las nueve autopistas quebradas, la AP-36 Ocaña-La Roda, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros pero que, según los cálculos de la patronal de grandes constructoras, Seopan, el coste final para los bolsillos de los contribuyentes podría elevarse hasta los 5.500 millones de euros de dinero público.
El principal motivo de la quiebra de estas autopistas se encuentra en el sobredimensionamiento en proyecto del tráfico previsto para estas vías, además de los sobrecostes en las obras, los sobrecostes en la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron las vías la pasada década y el desplome de sus tráficos durante la crisis. Estas autopistas son de este modo las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década, después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
La intención del Gobierno es asumir sus deudas, sanearlas y volver a privatizarlas cuando vuelvan a ser rentables.
Fomento se queda así con esta autopista después de que el pasado 21 de febrero ya asumiera la radial R-4 Madrid-Ocaña y de que el pasado 1 de marzo pasara también a gestionar la R-2 Madrid-Guadalajara. Seitsa asume la infraestructura, su gestión, explotación y mantenimiento, y su plantilla, en sustitución de su actual sociedad concesionaria, una firma participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank que ha quebrado con una deuda de 527 millones de euros.
El ministerio confía en tomar en lo que resta del mes de marzo las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la vía que une Madrid con el aeropuerto de Barajas. Asimismo, el 1 de abril asumirá la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.
En cuanto a la AP-41 Madrid-Toledo, será la última en ‘rescatarse’, dado que el proceso de concurso de acreedores por el que han pasado las nueve vías acumula un mayor retraso en el caso de ésta, de forma que aún no ha alcanzado la fase de liquidación.
Estas nueve vías quebradas suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.
Rescate y re-privatización
El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
El Ministerio ha comenzado a hacerse cargo de la gestión de las autopistas para garantizar que siguen en explotación mientras, en paralelo, gestiona el proceso administrativo necesario para resolver sus contratos de concesión.
Una vez resueltos los contratos comenzará a correr el plazo de seis meses con que Fomento cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el coste de su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
Se trata de una ‘factura’ que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones y la patronal Seopan estima hasta en 5.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, entre 700 y 1.000 millones de euros, pero ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.
Un sistema en el que las grandes y la banca nunca pierden
El Estado está obligado a reparar o responder por el daño según la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que resulta del todo ventajosa para las sociedades gestoras de las autopistas, formadas por constructoras, bancos y operadoras de infraestructuras.
Las empresas concesionarias de las autopistas, creadas para tal fin y controladas por la constructora, solicitan mediante este sistema a la misma constructora que construya la autovía y le paga por la obra a través de un préstamo que pide a los bancos.
En el caso de quiebra posterior, la constructora ya ha cobrado por la obra y, según la RPA, el Estado debe hacerse cargo de la deuda, quedando los bancos protegidos. (Postdigital/Agencias)
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