El Gobierno de Mariano Rajoy continúa en su senda de rescatar bancos y autopistas mientras recorta en servicios sociales. El Ministerio de Fomento rescata este jueves la tercera de las nueve autopistas quebradas, la AP-36 Ocaña-La Roda, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros pero que, según los cálculos de la patronal de grandes constructoras, Seopan, el coste final para los bolsillos de los contribuyentes podría elevarse hasta los 5.500 millones de euros de dinero público.
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El ministerio confía en tomar en lo que resta del mes de marzo las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la vía que une Madrid con el aeropuerto de Barajas. Asimismo, el 1 de abril asumirá la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.
En cuanto a la AP-41 Madrid-Toledo, será la última en ‘rescatarse’, dado que el proceso de concurso de acreedores por el que han pasado las nueve vías acumula un mayor retraso en el caso de ésta, de forma que aún no ha alcanzado la fase de liquidación.
Estas nueve vías quebradas suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.
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Rescate y re-privatización
El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
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Un sistema en el que las grandes y la banca nunca pierden
El Estado está obligado a reparar o responder por el daño según la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que resulta del todo ventajosa para las sociedades gestoras de las autopistas, formadas por constructoras, bancos y operadoras de infraestructuras.
Las empresas concesionarias de las autopistas, creadas para tal fin y controladas por la constructora, solicitan mediante este sistema a la misma constructora que construya la autovía y le paga por la obra a través de un préstamo que pide a los bancos.
En el caso de quiebra posterior, la constructora ya ha cobrado por la obra y, según la RPA, el Estado debe hacerse cargo de la deuda, quedando los bancos protegidos. (Postdigital/Agencias)
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