La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras es uno de los problema de acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer que se está analizando en este congreso, que reúne a unos 23.000 profesionales sanitarios.
En ese sentido, un estudio que analizó las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido) y Canadá indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones, unas 2.500 en España, según han calculado los autores
Pese a este dato, la directora de PRMA Consulting y autora principal de este trabajo, Jan McKendrick, ha matizado que puesto que en España las decisiones sobre empleo de nuevos medicamentos recaen en las comunidades autónomas, los datos nacionales son útiles a título orientativo pero es probable que en algunas regiones las restricciones sean aún mayores.
Los autores evaluaron las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país en cuanto a financiación pública de medicamentos indicados para seis tipos de tumores (mama, riñón, pulmón, mieloma múltiple, melanoma y próstata) entre los años 2006 y 2016.
UNA DE CADA TRES APROBACIONES, CON RESTRICCIONES
Las diferencias entre países en cuanto a número de fármacos afectados por dichas restricciones no guardaban relación con la riqueza de cada estado, medida en función del Producto Interior Bruto (PIB) de los 12 países analizados.
Por este motivo, McKendrick opina que esta cuestión no depende únicamente de la situación económica. «En algunos casos, las razones están claras –por ejemplo, Reino Unido realiza evaluación de coste/efectividad a través de un órgano estatal independiente– pero hay muchos países que no hacen públicos sus motivos», ha explicado.
Asimismo, en el estudio se identificaron las decisiones de cada país en cuanto al reembolso o financiación pública de esos medicamentos por parte de las autoridades sanitarias, y por ello advierten de que las decisiones sobre financiación pública están fragmentadas y tienen como consecuencia restricciones que varían en cada caso e impiden el uso de medicamentos eficaces en pacientes que podrían beneficiarse de ellos.
(Agencias)
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