Todos los partidos españoles menos PP y UPyD se unen contra los desahucios en la Eurocámara

A raíz de la reciente sentencia de la UE que rechaza la nueva ley hipotecaria del Partido Popular, todos los grupos políticos del Europarlamento, a iniciativa de Podemos y la PAH, se han unido para presentar un frente de común de lucha contra los desahucios, excepto PP y UPyD, que han rechazado la invitación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado su última sentencia en la que considera la nueva ley hipotecaria aprobada por el gobierno del PP como una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y a la directiva de protección de los consumidores.

Tras conocerse la resolución, todos los partidos políticos españoles con representación en el Parlamento Europeo –a excepción del PP y UPyD- han llegado al acuerdo de remitir cartas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El objetivo de las misivas es exigir la paralización de los desahucios en marcha. Podemos fue el motor de la iniciativa al convocar una reunión tras entrevistarse con Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Según ha explicado Podemos en un comunicado, su intención es «buscar un compromiso en favor de la ciudadanía más allá de las siglas de cada partido». Mayoral afirma que la sentencia de Luxemburgo es una prueba de que en España “los derechos humanos son violados de forma sistemática en las ejecuciones hipotecarias”.

Tras la reunión, los partidos políticos dispuestos a enviar las cartas han decidido crear un equipo de trabajo en el que valorar alternativas y lanzar iniciativas parlamentarias desde la Eurocámara.

El objetivo de los representantes de Podemos, PSOE, BNG, Bildu, IU, ERC, ICV, CiU, Ciudadanos, PNV y Compromís es paralizar las situación actual y exigir un cambio de legislación.

El contenido de las cartas enviadas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes y a Rajoy reclama al CGPJ que elabore y difunda entre los jueces un escrito en el que se informe correctamente de las repercusiones de la sentencia y que posteriormente se encargue de hacer un seguimiento de las sentencias emitidas por los tribunales españoles sobre ejecuciones hipotecarias a partir de ahora.

Por su parte, al presidente del gobierno se le exige que tome las medidas que estime oportunas para asegurar que las ejecuciones hipotecarias realizadas a partir de ahora se adecuen totalmente al Derecho Europeo y que se adapte la legislación española para tal fin.