Se suicida un padre de dos niños por el peso de su deuda con el banco Mare Nostrum

El drama generado por el sistema hipotecario español ha vuelto a cobrarse una vida. En esta ocasión, la de un activista de la asamblea de Maracena de la plataforma Stop Desahucios de Granada, que cometió suicidió el pasado viernes 25 de madrugada.

El activista, de nombre Gustavo Arguellas y 37 años de edad, era padre de dos niños de 11 y 3 años y tenía problemas hipotecarios y de deuda con el Banco Mare Nostrum (BMN), con el que había intentado llegar a un acuerdo en repetidas ocasiones desde que hace unos meses le comunicara su intención de llevar a cabo el desahucio de su vivienda.

El último de estos intentos infructuosos de resolver su situación hipotecaria tuvo lugar el pasado jueves, un día antes de que Gustavo, un parado del sector de la construcción, pusiera fin a su vida.

La plataforma Stop Desahucios, que considera al banco responsable directo de su muerte, ha emitido este domingo un comunicado, en el que también acusa de responsables políticos al Gobierno de España «por negarse a aprobar la ILP presentada por la PAH» y a la Junta de Andalucía «por ignorar las propuestas del Movimiento Andaluz por la Vivienda de declarar el estado de emergencia habitacional, evitando así todos los desahucios en nuestra comunidad autónoma y permitiendo la habilitación de las viviendas vacías».

Comunicado de Stop Desahucios Granada

En la noche del viernes 25 de julio nuestro compañero del grupo Stop Desahucios del 15M de Granada, Gustavo Arguellas, decidió acabar con su vida.

Su asesino, el Banco Mare Nostrum (BMN), consiguió un beneficio de 23 millones de euros en los primeros tres meses del año. BMN (formado por Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra) está participado en un 65,03% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras la ayuda pública recibida el año pasado. En total, el Estado ha inyectado casi mil millones de euros robados a los trabajadores en BMN. Su Consejo de Administración de 11 personas encabezado por Carlos Egea se repartió una remuneración de 1,1 millones de euros en 2013.

Gustavo, su mujer Loli y sus dos hijos de 11 y 3 años no tenían tanto dinero. De hecho, no tenían ni el suficiente para pagar la hipoteca que en su momento firmaron con Caja Granada para poder acceder a una vivienda en su pueblo, Alomartes. Gustavo, trabajador de la construcción, estaba en paro.

La familia intentó durante mucho tiempo llegar a una solución con BMN, pero éste no quería. Hace tres meses se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas, y aproximadamente por esas fechas acudieron a Stop Desahucios, en su Asamblea de Maracena. Con el asesoramiento necesario, presentaron los documentos necesarios para que el banco accediera a firmar una carencia durante cinco años, según establece el real decreto de 2013, insuficiente pero forzado por el movimiento por la vivienda.

Hace sólo diez días recibió la carta de respuesta del banco: no aceptaban. El pasado jueves Gustavo volvió a la sucursal de BMN en su pueblo. La respuesta: “No hay solución”.

Siempre hay solución, y en este caso la hubiéramos conseguido como en otros cientos. Pero Gustavo no pudo soportar más el agobio y la presión que tenía en su espalda en forma de deuda de cerca de 120.000 euros y amenaza de desahucio.

Para Stop Desahucios esta muerte no es un accidente, ni una decisión individual. Es un crimen, un homicidio. Y como todos los crímenes tiene responsables:

El principal es BMN que, como el resto de los bancos, tras lucrarse durante años de los magros ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Granada sigue poniendo miles de impedimentos para que todas esas familias humildes puedan mantener sus casas.

Pero también hay responsables políticos, como el Gobierno español y la Junta de Andalucía. El primero por negarse a aprobar la ILP presentada por la PAH, que demandaba cuestiones de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. La segunda por ignorar las propuestas del Movimiento Andaluz por la Vivienda de declarar el estado de emergencia habitacional, evitando así todos los desahucios en nuestra comunidad autónoma y permitiendo la habilitación de las viviendas vacías.

En 2012 perdimos a Domingo. En 2014 hemos perdido a Gustavo, que sí había decidido luchar. Mientras tanto, otra mucha gente en todo el país se ha ido quitando la vida. No estamos dispuestos a perder más vidas.

¡No más muertes!