La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación ilegal del PP

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Según fuentes fiscales, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicita la imputación de las dos expresidentas por delitos de corrupción, además de la de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón, actualmente al frente del grupo de comunicación Prisa.

La empresa Indra ha sido la encargada de realizar habitualmente el escrutinio de las elecciones generales con contratos millonarios a cuenta de las arcas públicas. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO)  sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra.

El escrito de la Fiscalía, de 75 páginas y que reclama reordenar esta macrocausa para dejarla en solo once piezas, pide la imputación de los exmandatarios populares en la pieza 9, dedicada exclusivamente en a la investigación del desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.

Los informes de la la Guardia Civil sitúan a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los ‘populares’ madrileños.

La pieza 2, relativa a la rama leonesa, incluye la acusación al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y al ‘conseguidor’ de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, por adjudicaciones irregulares por parte de la Diputación de León. Esta causa se encuentra a la espera de juicio.

Por su parte, la pieza 3 investiga adjudicaciones a sociedades de De Pedro y Alonso Conesa en la Región de Murcia. En esta pieza están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz.

El Ministerio Público se hace eco en su escrito, entre otros, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra.

El dinero habría llegado al partido entre 2008 y 2013 (época en la que Aguirre y González dirigieron los destinos de la comunidad y del PP regional) a través de una madeja societaria de testaferros. La empresa habría allegado a la caja B del PP madrileño al menos 1.054.247 euros. Le existencia del flujo de ese dinero negro -sostienen los investigadores- habría sido conocida por todos los dirigentes populares del momento.

En uno de esos informes claves, la Guardia Civil incluyó el nombre de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2002 y 2013, después de que Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad del ejecutivo regional mencionara «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la comunidad, la presidenta (Esperanza Aguirre), la directora general de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y (el empresario) Daniel Horacio Mercado». Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing (sociedad de Mercado) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su asesor técnico en Sanidad, Germán Rasilla».

Para la UCO, en esta cita se habría dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales del PP de Madrid en 2003 y 2007, si bien el testigo no concretó la fecha exacta de esos encuentros. Se trataba, en suma, de saldar deudas con esta empresa, que había estado realizando trabajos de comunicación para el partido presidido por Aguirre y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros».

A principios de año, otro informe de la UCO apuntó a que Mariano Rajoy pudo ganar las elecciones generales de 2011 financieramente «dopado», pues los investigadores encontraron pruebas que demostrarían que el PP de Madrid, que entonces dirigía Esperanza Aguirre, habría puesto en marcha un complejo entramado para allegar dinero a través de facturas falsas a la caja del PP nacional para financiar la campaña.

Los agentes, según se relataba en un informe entregado al juez Manuel García Castellón fechado el pasado 11 de enero, se toparon con los documentos que apuntan a la financiación ilícita de la campaña de Rajoy en los archivos de dos de los principales implicados en este caso, el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez y el empresario de la comunicación Ricardo Vázquez.

Esos papeles señalaban que los fondos que llegaron de forma ilícita, a través de facturas falsas y empresas ficticias, para la campaña de los comicios generales de hace ocho años, superando con mucho los límites fijados por la ley, llegarían a unos 250.000 euros.

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en 2007. También destacó que era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El ‘caso Púnica’ en diez piezas

De esta manera, las piezas que la Fiscalía propone dejar en el ‘caso Púnica’ son las siguientes:

Pieza 1. Es la del chivatazo de un guardia civil al exconsejero Francisco Granados, considerado cabecilla de la Púnica, en relación con la investigación. La única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del agente a 2 años de prisión.

Pieza 2. Relativa a la rama leonesa. Trata adjudicaciones irregulares a las empresas vinculadas al «conseguidor» de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Pieza 3. Sobre la rama de Púnica en Murcia. En ella se investigan adjudicaciones a sociedades de De Pedro y Alonso Conesa en la región. En esta pieza están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero de Murcia Juan Carlos Ruiz.

Pieza 4. De delitos de corrupción y blanqueo en el municipio madrileño de Valdemoro, de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama.

Pieza 5. Acerca de contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la Púnica.

Pieza 6. La Fiscalía pide que en ella se analicen las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de la Comunidad de Madrid por adjudicar a la empresa Cofely contratos de eficiencia energética.

Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de municipios madrileños de la empresa Waiter Music, dedicada a la organización de eventos y relacionada con la red Púnica.

Pieza 8. La Fiscalía informa de que esta pieza sería «sobre hechos relativos a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid».

Pieza 9. Es la del presunto desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa.

Pieza 11. La última versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.


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