Anticorrupción pide la imputación del exvicepresidente de la empresa que sumó los votos las últimas elecciones que ganó el PP, por financiar ilegalmente al partido de Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el ‘caso Púnica’, Manuel García Castellón, la imputación del exvicepresidente de Indra Regino Moranchel en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre por los fondos que el partido habría recibido de la empresa a través de facturas falsas. De igual forma, la empresa tecnológica también está imputada en la causa como persona jurídica, después de que la UCO encontrase pruebas del delito.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Público quiere citar a declarar a Moranchel después de que el que fuera director de Operaciones de Indra Santiago Roura le señalara en sede judicial hace una semana como la persona que ordenó algunos de los pagos.

Las fuentes consultadas han aclarado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aún no se ha pronunciado sobre esta petición de Anticorrupción, pero que lo hará en pocos días y se enmarcará en la amplia tanda de comparecencias que comenzó en septiembre y que pretenden dar un impulso a la investigación del ‘caso Púnica’ y sobre todo a la pieza de la supuesta ‘caja B’, en la que está imputada la propia Aguirre.

En uno de los últimos informes policiales aportados al ‘caso Púnica’, y en concreto a la pieza que investiga la supuesta ‘caja B’ del PP de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Indra financió con 566.497,58 euros la campaña electoral del partido en el año 2011, a través de contratos falsos. Los investigadores destacan que las evidencias documentales prueban la «aquiescencia de directivos de Indra a pagar gastos vinculados» al PP de Madrid, lo que se hizo a través de «servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral».

Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y «habrían servido para retribuir los trabajos» que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la ICM. Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat S.L., y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

A raíz de la incorporación de este informe, el instructor imputó a Indra y han pasado por la Audiencia Nacional varios exdirectivos investigados, como el ya mencionado Roura y el expresidente Javier Monzón. Éste último explicó a García Castellón que desde su posición no estaba en el detalle de los contratos, tampoco con los que se suscribían en la Comunidad de Madrid que gobernaba Esperanza Aguirre y que, en todo caso, la compañía contaba con sistemas de control sólidos y efectivos en la gestión de sus operaciones y proyectos.

También quiso dejar claro que él se encargaba de la estrategia y no estaba en los pormenores de las operaciones, como tampoco tuvo conocimiento de los pagos objeto de las pesquisas ni conocía las facturas hasta que las ha visto en el sumario de la causa.