Aprobada la ley del «solo sí es sí»: quien calla ya no otorga

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del «sólo sí es sí». Con este paso, el texto tiene luz verde para ir Congreso e iniciar su trámite parlamentario, lo que puede ocurrir en septiembre. En la presentación de la ley tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno afirmó que a partir de esta ley «el silencio o la pasividad no significarán consentimiento».

Se trata, afirmó María Jesús Montero, de una ley impulsada por varios ministerios, y que supone un avance en los derechos de las mujeres y en la erradicación de todo tipo de violencia sexuales. Esta ley, ha afirmado, «nos hace mejores como sociedad».

Cuando esta ley entre en vigor, todas las conductas sin consentimiento serán consideradas agresiones sexuales, sin necesidad de que se tenga que demostrar que ha existido violencia o intimidación, como en la actualidad. Un cambio que gran parte de la sociedad ha exigido en las calles desde que se conoció la primera sentencia de La Manada de Pamplona y que supondrá poner todo el peso de las pruebas sobre la existencia o no de un consentimiento expreso, en lugar de hacerlo sobre el hecho de si la mujer se resistió o no a una agresión.

La ley eliminará del Código Penal la figura del abuso sexual y dejará un único delito de agresión sexual, con penas que van desde la multa hasta los 15 años de prisión para los casos más serios con agravantes. Entre los agravantes la ley incluye las agresiones grupales, ser pareja o familiar de la víctima, o que el agresor utilice sustancias químicas para anular la voluntad de la víctima. Un cambio radical con respecto al actual Código Penal que de hecho suaviza las penas por el uso de estas sustancias, al considerar que se trata de un delito de abuso, porque la víctima no puede resistirse ni se utiliza la fuerza ni la intimidación para agredir sexualmente.

Pero no sólo las medidas punitivas son importantes. De hecho se trata de una ley enfocada a la prevención de las violencias sexuales y la «protección integral» y reparación de las víctimas. Desarrolla medidas de prevención y sensibilización en los ámbitos educativos, sanitarios, en los medios de comunicación y digitales, en la publicidad en el ámbito laboral o en las administraciones públicas, entre otros.

La ley también recabará datos estadísticos sobre las violencias sexuales.