La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha sido llamada a declarar hoy como testigo ante el juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, después de que ayer interrogaran a los ex-secretarios generales del partido Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos acerca de la supuesta caja B del PP y el sistema de donaciones.
Preguntada por los acuerdos que María Dolores de Cospedal firmó con el tesorero, la secretaria del partido apunta a Rajoy como responsable de los acuerdos para seguir pagándole a Bárcenas el sueldo “con simulación de despido en diferido” una vez que este ya no ostentaba cargo alguno en el partido. La secretaria general del PP ha declarado ante el juez Pablo Ruz que a ese acuerdo llegarón Mariano Rajoy y Javier Arenas en una reunión celebrada en el despacho de Rajoy en marzo de 2010 con el ex-tesorero. Según su relato, Cospedal no tomó esa decisión sino que cumplió las órdenes que venían de arriba, en este caso del entonces candidato a presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Con sus declaraciones, Cospedal apunta directamente al presidente del Gobierno acusándole de crear un falso contrato para que los medios y la opinión pública creyeran que se había despedido a Bárcenas del PP, mientras este aún disfrutaba de secretaria, coche, despacho a cargo del PP y se le pagaba un sueldo mayor que el de cualquier dirigente del partido.
Cospedal también ha negado saber nada de la relación de donantes en negro del Partido Popular y ha explicado que esas cuestiones eran responsabilidad de Bárcenas como tesorero, insinuando así que ella, como secretaria general, no tenía por qué estar al corriente de las posibles irregularidades que el tesorero pudiera haber cometido.
Por otro lado, a la salida del juicio, los abogados de la acusación se han mostrado indignados con la actitud del juez Ruz, quien ha tachado de «improcedentes» una gran cantidad de las preguntas que los letrados de la acusación han intentado realizar a Cospedal. Ruz ha imposibilitado así el poder tratar todas las cuestiones relativas a los 200.000 euros que Cospedal, como presidenta de Castilla la Mancha, habría cobrado ilegalmente, según las acusaciones de Bárcenas, por conceder a la empresa SUFI de recogida de basuras un contrato con la administración.
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