El Gobierno trabaja en una renta mínima vital que beneficiará a más de 5 millones de ciudadanos frente al Covid-19

El Gobierno está trabajando en una renta mínima vital de la que se beneficiaría más de 5 millones de ciudadanos en España para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus COVID-19, según ha anunciado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

«Seguimos trabajando la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Seguridad Social, estamos coordinados para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciar aquí cuanto antes», ha adelantado Pablo Iglesias este martes 31 de marzo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado un nuevo paquete de medidas para ayudar a las familias afectadas por las consecuencias de la pandemia, y que aún no recoge la renta mínima vital.

Además, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha precisado que, a la espera de que se concrete esta renta mínima vital, los equipos que están trabajando en ella calculan que se beneficiarían «más de 5 millones» de personas.

«Los cálculos que hacían los equipos, a la espera de que se concrete además el ingreso mínimo vital, que los trabajos que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión hablaban de más de 5 millones de conciudadanos, las medidas que se están tomando en el caso del alquiler afectarían a más de medio millón de familias», ha explicado Iglesias

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, había pedido al Gobierno que «priorizara la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables».

Así se lo reclamó la semana pasada al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y sus directores generales, durante una reunión que mantuvieron por vía telemática, y en la que les pidieron «compromiso de diálogo y escucha activa» antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el denominado ‘escudo social’.

Asimismo, sugirieron al Ministerio de Derechos Sociales otras medidas como destinar los fondos recaudados a través de la conocida como ‘X solidaria de las empresas’, durante el año 2019 (año fiscal 2018), a organizaciones sociales de ámbito estatal para programas que frenen el impacto del COVID-19 en los grupos más vulnerables.