El PP se opone a la subida del salario mínimo

El Partido Popular (PP) se ha mostrado contrario a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año, como pretende el Gobierno, al considerar que «no es el momento» de hacerlo en un contexto económico marcado por la incertidumbre.


En un encuentro con periodistas el miércoles, fuentes del PP argumentaron que el salario mínimo -que actualmente está fijado en 965 euros brutos al mes- «ha aumentado mucho en los últimos tiempos», incrementos que ya han generado «problemas en el sector primario y en el servicio doméstico», entre otros.

El principal grupo de la oposición defendió que cualquier incremento en este concepto debe estar vinculado a una mejora de la productividad, e instó al Ejecutivo -que estudia subir el SMI en 2022 a entre 24 y 40 euros tras la recomendación de la comisión de expertos- a «trabajar para que se den las condiciones económicas» para que se pueda asumir una subida salarial.

El PP también reiteró su rechazo a la reforma laboral y subrayó que, a su juicio, lo más importante no es que el documento haya sido pactado con empresarios y sindicatos, sino el contenido del acuerdo.

El PP se opone a las novedades que introduce el texto y no piensa apoyarlo «independientemente de la firma de la patronal», y señala la «pérdida de flexibilidad» -por las restricciones a la contratación temporal- como uno de los principales motivos de su rechazo.


Como alternativa, el partido liderado por Pablo Casado propone optar por un modelo de «mochila austriaca», vigente en otros países europeos, y criticó que los convenios sectoriales primen sobre los acuerdos firmados por cada empresa.


El PP subrayó que España sigue teniendo graves problemas de deuda y déficit públicos, que exigen medidas para «sanear» las cuentas, sobre todo en un contexto en el que parece cercana la retirada de los estímulos monetarios y fiscales.

Por ejemplo, recuerdan que la deuda pública española se sitúa en torno al 121,8% del PIB, mientras que la media europea es del 90%.

En cuanto a la reforma fiscal que el Gobierno deberá abordar tras recibir un informe del llamado «grupo de expertos», los populares discutieron la independencia de estos especialistas y atribuyeron la reciente salida de algunos de sus miembros a las injerencias del Gobierno.