El fiscal de las ‘tarjetas black’ acusa de “rapiña” y “pillaje” a los exconsejeros de Bankia pero rebaja la pena para los que devolvieron parte del dinero

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha calificado este lunes de «actitud primitiva y depredadora» la llevada a cabo por los 65 usuarios de tarjetas ‘black’ en Caja Madrid y Bankia durante la exposición de sus conclusiones definitivas del caso y ha insistido en que los plásticos no podían entenderse como complemento retributivo porque lo prohibían, entre otras normas, los estatutos de la caja extinta.

Además ha añadido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que no hay otro caso en ninguna caja ni entidad en España en el que se emitieran unas tarjetas con estas características retributivas que ha calificado de “absurdas” y ha dicho también, en referencia a aquellos que siguieron utilizando los plásticos una vez cesaron de sus cargos, que en su caso existió directamente “pillaje y rapiña”.

Con Blesa y Rato “se fue envileciendo”

Luzón ha exculpado a Jaime Terceiro, presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, el cual en su declaración como testigo ante el tribunal dijo que las tarjetas eran “blancas” durante su mandato y se oscurecieron en la época de su sucesor, Miguel Blesa. Así, ha ido más lejos y ha dicho que su actuación es “penalmente irrelevante” y que aunque el “plan delictivo” se hubiera iniciado bajo su mandato, no exculpa a sus sucesores Blesa y Rato.

Voluntad de ocultar a Hacienda

Además ha tildado de “aprendices de juristas” a algunos de los representantes procesales de los encausados –que cargaron un total de 12,5 millones de euros con sus plásticos entre 2003 y 2012– y ha llegado a decir que algunos de ellos tuvieron que modificar su versión inicial, como es el caso del exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga, quien defendió en su declaración que eran de libre disposición.

Luzón ha reiterado que existen “suficientes elementos” que muestran la voluntad de “ocultar a terceros” estas visas que son “atípicas y muy ilegales retribuciones”. Sobre el tratamiento tributario de las mismas ha cuestionado la versión otorgada por los encausados –muchos de los cuales dijeron que desde Caja Madrid les habían asegurado que se encargaban de su fiscalidad–.

Petición de penas de la Fiscalía

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantiene la petición de seis y cuatro años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, por el uso presuntamente realizado con sus tarjetas ‘black’ si bien modifica la solicitada a otros 18 de los 65 exaltos directivos de la entidad y Bankia que hicieron uso de los plásticos y que devolvieron lo gastado con sus visas.

El Ministerio Fiscal ha aplicado ahora la atenuante de reparación del daño para Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Luis Blasco, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqües, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala. La razón es que devolvieron el dinero una vez comenzado el juicio, por lo que la rebaja no se les pudo aplicar en el escrito provisional de la Fiscalía.

Todos ellos forman parte de cerca de unos cuarenta exaltos directivos –entre ellos Blesa y Rato- que han consignado en Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre julio y septiembre las cantidades gastadas con sus plásticos.

En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a finales de julio un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12,5 que gastaron. El fiscal ha anunciado además en esta décimo sexta sesión que rebaja la indemnización para los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda, y José María Arteta porque, según ha explicado, determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismo y por tanto entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a estos cuatro acusados.

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo dirime si los encausados concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por los 12,5 millones de euros que gastaron con sus plásticos entre 2003 y 2012 –los anteriores habrían prescrito- en joyas, viajes, artículos de lujo y objetos personales.

Las defensas de los 65 usuarios de las tarjetas opacas han dedicado la sesión de hoy a la lectura de documentos incorporados a la causa, que demostrarían que las visas existían con anterioridad, eran de libre disposición y su uso no supone delito alguno.

Antes de que las acusaciones y las propias defensas presenten sus conclusiones definitivas, varios de los abogados pidieron que se lean correos electrónicos y otros documentos que probarían que las tarjetas existían durante la presidencia de Jaime Terceiro, predecesor de Miguel Blesa al frente de la caja.

Entre ellos, varios abogados se han referido a un correo electrónico fechado el 8 de septiembre de 2011 que revela que una tarjeta que llegó a ser investigada por el juez Fernando Andreu en la fase de instrucción fue emitida en 1994, dos años antes de que Miguel Blesa llegara a la presidencia de la entidad, y comparte el mismo código que la mayoría de las ‘black’. Con ello, los letrados pretenden demostrar que desde aquel entonces existían en Caja Madrid tarjetas de libre disposición y no exclusivamente para gastos de representación, tal y como aseguró Terceiro en su declaración como testigo.

El mensaje distingue claramente dos tipos de tarjetas, unas “business” de directivos y colectivas gestionadas por el departamento de Recursos Humanos y, por tanto, para gastos de representación; y otras gestionadas por la Dirección de Medios. Todo ello confirmaría que durante el mandato de Terceiro se emitieron tarjetas de libre disposición tanto para consejeros, regidos por el acta de 1988, como para directivos, estos últimos por medio del convenio marco de 1994.

También han reiterado que Bankia no está legitimada para reclamar a los acusados, que no reconocen a la entidad como heredera legal de Caja Madrid; según han explicado varios letrados, este papel corresponde a la Fundación Caja Madrid. (Agencias)


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