

El ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dirigió tres campañas electorales durante la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ (1999-2005), cuya pieza central del caso se juzga desde el pasado 4 de octubre en la Audiencia Nacional, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el PP se han negado este martes a que Rajoy declare en el juicio de la trama corrupta.
La declaración de Rajoy en el juicio ha sido solicitada por tercera vez por la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que considera que “la conciencia social exige sanciones” y afirma que, estando el PP personado en la causa como partícipe a título lucrativo, “resulta necesario oír a sus máximos responsables”, teniendo en cuenta que se acusa al partido de “haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros”.
Sin embargo, la Fiscalía considera que la testifical de Rajoy sería “inútil e innecesaria” alegando que “nada ha cambiado” respecto al pasado mes de octubre, cuando ya se rechazó citar al presidente del Gobierno al inicio del juicio.
Además, la Fiscalía también alega que la citación de Rajoy sería “redundante” porque la existencia de la ‘caja B’ del Partido Popular ya está probada tanto por las declaraciones del extesorero Luis Bárcenas como por otras testificales.
Del mismo modo se ha pronunciado la Abogacía del Estado (dependiente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia) y usando las mismas palabras, “inútil y redundante”, así como los abogados del Partido Popular, que expone además “improcedencia” de la diligencia y considera que la citación de Rajoy sería “perturbadora” y contribuiría al “circo mediático” y a la llamada “pena de telediario”.
Para ADADE, no se puede colocar “en una urna de cristal” a los máximos responsables del PP en la época de la Gürtel que se juzga, y afirma que a estas alturas del juicio han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido desviar toda la responsabilidad de las ilegalidades cometidas sobre las subvenciones electorales realizadas por la trama cargándola sobre “escalones inferiores”, los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, viéndose clara la intención “de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy”.
El tribunal, que ya decidió anteriormente que la declaración de Rajoy no era necesaria porque ya estaban llamados a declarar los entonces dirigentes del partido Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas (como secretarios generales del PP) y Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja (como responsables del partido en esos años), se ha retirado a deliberar sobre la cuestión.
De los tres jueces de la Sala, su presidente, Ángel Hurtado, se muestra contrario a la declaración de Rajoy, otro, el magistrado José Ricardo de Prada, siempre ha defendido que Rajoy debería ser citado para aclarar los vínculos del PP con la trama corrupta, y el tercero, Julio de Diego, es un juez conservador cuya posición hará que se incline la balanza de uno u otro lado.
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