Nené Barral investigado por narcotráfico; el excalde gallego del PP situado en la trama

José Ramón Barral Martínez, Nené, fue alcalde de Ribadumia durante una década, inicialmente con el PP y luego como independiente tras su detención por contrabando de tabaco. Su delfín en política fue el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol Rafael Louzán.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto para resolver la cuestión de competencia planteada por los juzgados de instrucción de Lugo y Oviedo sobre la investigación de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos, vinculados a la denominada Operación Cebra, y dictaminó que la competencia correspondía al tribunal asturiano.

El conflicto de competencias surgió a raíz de una pieza separada de la investigación conocida como Operación Cebra, coordinada por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. En esta primera investigación (por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos) se apuntó a varias personas, entre ellas la ex alcaldesa de Ribadumia por el PP, Nené Barral, y el asturiano José C.P., con antecedentes por tráfico de drogas.

A partir de esta investigación, la jueza de Lugo (entonces Pilar de Lara) abrió una pieza separada para investigar otra trama derivada de la primera, en la que también había indicios de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito fiscal.

El investigador, sin embargo, se remitió al Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo, al entender que las personas que dirigían esta trama no sólo estaban domiciliadas en esa ciudad, sino que las actividades delictivas estaban coordinadas, planificadas y dirigidas desde Asturias.

Por su parte, el juzgado de Oviedo rechazó la competencia, argumentando que el único vínculo entre la trama y este territorio era el domicilio del cabecilla y su acompañante, lo que provocó un conflicto de competencia, en el que el Ministerio Fiscal apoyó los argumentos del juzgado de Lugo.


Ahora el Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que señala que «el núcleo de la actividad delictiva» tuvo lugar en Oviedo, «y ninguno en la capital lucense», por lo que ha acordado otorgar la competencia de la investigación al Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo. No hay recurso contra esta sentencia.



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