La oposición en pleno acusa al PP de «caciques» y de «secuestrar la democracia» por aprobar 26 leyes sin debatirlas con nadie

Todos los grupos de la oposición han abroncado este martes al Gobierno por haber utilizado un decreto-ley para modificar un total de 26 leyes que afectan a nueve ministerios y utilizar su mayoría absoluta para imponer, con métodos «caciquiles» que el Pleno del Congreso lo convalide este mismo jueves, sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, pudiendo hablar sólo 15 minutos y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados.

Tras discutir a puerta cerrada con el Gobierno y el Grupo Popular en la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición han hecho pública su indignación en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que se ha producido después.

Todos los portavoces que han intervenido, salvo el del PP, han cargado contra el Gobierno, en primer lugar por «abusar» de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, según han recordado, la Constitución sólo permite utilizar en caso de «extremada y urgente necesidad», condiciones que, en su opinión, no se dan ahora.

Los decretos ley entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hay un mes de plazo para que sean convalidados por el Congreso. Si la mayoría no acepta que se tramiten después como proyectos de ley, se impide a los grupos presentar enmiendas para cambiar algún punto.

Engendro legislativo

Por eso la oposición se ha negado a que el decreto ley aprobado el pasado viernes, que llegó a la Cámara este lunes, sea convalidado tan sólo tres días después y ha denunciado que, al haber agrupado en un sólo texto la modificación de 26 leyes, ni siquiera van a poder debatir directamente con los nueve ministros de los departamentos afectados.

El texto, de 172 páginas, incluye medidas tan heterogéneas como los incentivos al empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, comisiones tarjetas bancarias, regulación del uso de drones, y cesión a los registradores mercantiles de la gestión del Registro Civil, entre otros asuntos.

Así, desde el PSOE, su portavoz Soraya Rodríguez, ya ha adelantado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto ley, que ha calificado de «engendro legislativo» y de «deleznable e insultante» para la labor parlamentaria. Además, ha denunciado que el debate que pretende sustanciar el PP el jueves sólo va a ser un «simulacro» y que no se va a poder presentar «ni una enmienda» a un texto de tanta entidad.

«Así no vamos bien»

En nombre de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al PP que reflexione. «Así no vamos bien», le ha avisado y, como el resto de la oposición, ha afeado al Gobierno que por un lado prometa medidas de regeneración democrática y, por otro, mantenga comportamientos que no hacen otra cosa que alejar aún más a la ciudadanía del Parlamento, en el que «abusa» de su mayoría absoluta.

En el mismo argumento ha incidido el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien ha reprochado al PP que «rompa las reglas del juego» y quiera imponer al Congreso «un trágala». «No vamos a aceptar el chantaje, nos vamos a rebelar y no vamos a ser cómplices. Pueden secuestrar al Parlamento y a la democracia, pero tarde o temprano la ciudadanía democráticamente acabará con este secuestro», ha sentenciado.

Campeones de degeneración democrática

También el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia, Carlos Martínez Gorriarán, ha cargado contra el «monstruoso» decreto ley y contra el Gobierno por su afán, ha dicho, de quitar al Congreso su capacidad legislativa. «Se están cargando la división de poderes. Las cosas no se arreglan presentándose como los campeones de la regeneración democrática y luego actuando como los campeones de la degeneración democrática», ha aseverado.

Para Aitor Esteban, del PNV, que incluso se plantea no participar en la votación del jueves, el variado decreto ley «desborda» la Constitución y resulta «increíble» que el Gobierno pretenda convalidarlo en menos de una semana obligando a los grupos a decir sí o no a todo el conjunto. «Es un error, una torpeza y una cacicada –ha resumido–. Se acabó el parlamentarismo, si es que lo ha habido. Y déjense de hablar ya de transparencia, que ha quedado en pura verborrea».

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha dicho que habría entendido que el Gobierno aprobará nueve decretos ley, uno por ministerio, e incluso celebrar varias sesiones plenarias en verano, pero no entiende que haya que debatir de golpe esas 25 reformas legislativas en una semana donde ya estaban en el orden del día asuntos como el techo de gasto de 2015 o el debate sobre la última cumbre europea. «¿Estamos locos o qué?», ha resumido gráficamente.

(Agencias)