

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha dictado la apertura del juicio oral por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid, borrados la friolera de 35 veces, por lo que el Partido Popular tendrá que sentarse finalmente en el banquillo acusado de un delito de daños informáticos.
Tras sostener que ve claros indicios de que La jueza Rosa María Freire, en su auto fechado a 30 de noviembre, abre juicio oral contra la tesorera, el abogado y el informático por un delito de encubrimiento y de daños informáticos, mientras que en el caso del PP se queda en el delito por daños informáticos.
Acusa a todos ellos de destruir los ordenadores portátiles «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física», eliminando pruebas con ello.
El PP pretendía archivar su causa recurriendo a la ‘Doctrina Botín’
La magistrada desestima la petición del PP y de la tesorera de que tenga en cuenta la denominada ‘Doctrina Botín’ para evitar que éstos se sienten en el banquillo de los acusados y hace referencia a la resolución confirmatoria de la Audiencia que recoge que «se impidió con el borrador de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia».
La jueza ha dictado la apertura del juicio oral a la vista de los distintos escritos de acusación formalizados, en función de los indicios que han quedado acreditados en la instrucción de la causa, y después de que la Audiencia Provincial confirmara el pasado 3 de noviembre el procesamiento del PP.
En su auto, la Sección desestimaba los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del 26 de julio de 2016 en el que la juez instructora concluía la instrucción y veía claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados para destruir pruebas.
Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que pedían la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que esta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.
La Fiscalía asegura que no existen «indicios relativos a ciertos extremos esenciales», en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera «inverosímil y contradictoria. (Postdigital/Agencias)
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