El PP pisa el acelerador con su reforma electoral para tratar de retener el poder en el máximo de ayuntamientos

El Partido Popular ha presentado este miércoles en el Congreso su propuesta de reforma de la Ley Electoral para las elecciones municipales, con un sistema que favorece el bipartidismo otorgando directamente mayoría absoluta al partido más votado para evitar los pactos postelectorales. De hecho, de haber estado vigente ya, este mecanismo electoral habría imposibilitado el cambio de gobierno en muchas ciudades, al negar la posibilidad de pactos entre formaciones menos votadas, y el PP mantendría cuatro de las 15 capitales de provincia que perdió tras los pasados comicios de mayo (Ciudad Real, Córdoba, Oviedo y Valladolid).

En concreto, se trata de modificar el artículo 180 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), de manera que el partido que obtenga más votos en las elecciones municipales reciba automáticamente una prima de mayoría, es decir, que aunque no le corresponda por voluntad popular, se hará con la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento, menoscabando aún más la proporcionalidad en la representación.

Las condiciones para hacerse con esa mayoría absoluta ilegítima sería la de lograr la lista más votada el 35% de los votos con una diferencia de cinco puntos sobre la segunda más votada, o bien cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos y se distancie 10 puntos de la siguiente.

Según ha explicado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en el caso de que no se diera ninguna de estas dos circunstancias, se procedería a una segunda vuelta con una nueva convocatoria a las urnas en la que solo podrían participar las formaciones que hubieran superado el 15% de los votos (lo «razonable», según Hernando) y quedarían «expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas». Esto además haría aumentar el gasto público de los procesos electorales.

Impedir pactos entre formaciones y subir la barrera electoral

Tras la segunda vuelta, la prima de mayoría (absoluta) la lograría la lista que recibiera más del 40% de los votos y tuviera una diferencia de siete puntos sobre la segunda. El resto de escaños (la mitad menos uno) se repartirían en todos los casos entre las demás candidaturas según sus resultados de la primera vuelta.

Si también fallan los porcentajes en la segunda vuelta, se aplicaría el mismo procedimiento vigente hoy en día y, de cualquier modo, no se tendrían en cuenta las candidaturas que no superaran la barrera del 5% de los votos, que actualmente está en el 3% para la mayoría de comunidades autónomas, perjudicando aún más a las formaciones pequeñas.

La reforma supone que un Ayuntamiento en el que el PP obtuviera el 35% de los votos mientras que las siguientes candidaturas obtuvieran, por ejemplo, un 30%, un 20% y un 10% (el 60% de los votos entre las tres), sería gobernado con mayoría absoluta por el PP sin que el resto de formaciones pudieran pactar aunque el pacto supusiera mucho más del 35% de los votos, obteniendo además menos representación de la que actualmente le correspondería, que ya está lejos de ser realmente representativa de la voluntad porcentual del electorado.

Un proceso que se iniciará en agosto

A pesar de que Hernando ha asegurado que al PP le gustaría aprobar la reforma «por consenso», la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso bastaría para llevarla adelante, aunque los plazos antes de las próximas elecciones generales no les favorecen.

El PP ha anunciado su intención de que su propuesta sea analizada en el seno de una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso en la que habrá dos representantes del PP, dos del PSOE y uno para cada uno de los restantes grupos políticos, y los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.

El debate para la creación de la subcomisión tendrá lugar en el mes de agosto en un pleno del Congreso para que pueda estar en funcionamiento desde primeros de septiembre, y el plazo para terminar la labor de esta comisión sería de tres meses desde su constitución. Dado que las elecciones generales están previstas para finales de noviembre o principios de diciembre y las Cortes se disolverían después, está por ver si efectivamente el PP llega a tiempo para imponer su reforma electoral.