El nuevo presidente de los jueces condenó a Strawberry por sus tuits y se opuso a investigar el máster de Casado

El sistema de elección de los magistrados que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces donde sus miembros son elegidos por los partidos políticos vuelve a desatar la polémica en torno a la separación de poderes en España con el nuevo pacto alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular, que coloca al juez conservador Manuel Marchena como presidente del CGPJ y al frente del Tribunal Supremo.

Es el fruto de las negociaciones de este fin de sermana entre los dos grandes partidos del bipartidismo, en las que el PSOE ha cedido a la exigencia del PP de colocar a Marchena al frente del CGPJ a cambio de una composición del órgano con mayoría progresista ajustada, ya que, de los veinte sillones de los que está compuesto, once jueces proceden del Gobierno y nueve del PP, sin la aportación del resto de partidos.

El juez Marchena, alabado por el líder del PP, Pablo Casado, quien ha dicho de él que es “un jurista de los mejores que ha tenido España en las últimas décadas”, es el actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y uno de los cinco integrantes de la Sala de Admisión del Supremo que debía decidir si investigar o no las irregularidades en el polémico máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos.

La resolución de la Sala de no investigar finalmente a Casado ya resultó socialmente polémica porque en su sentencia, los jueces indicaban que apreciaban indicios de “trato de favor” hacia el líder del PP, que en el momento de cursar el máster era diputado en la Asamblea de Madrid.

Marchena también ha formado parte de otros tribunales con sentencias polémicas, como la del cantante del grupo Def Con Dos, César Strawberry, donde Marchena fue ponente de la sentencia que condenaba al músico por sus mensajes en Twitter a un año de prisión, después de que fuera absuelto por la Audiencia Nacional.

También aparece la firma de Marchena en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a once años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón.

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