Rajoy podría volver a ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional por la ‘Caja B’ de Valencia

El 15 de enero arranca en la Audiencia Nacional el juicio sobre la ‘Caja B’ del Partido Popular de Valencia, una pieza separada dentro del ‘caso Gürtel’, que volverá a sentar en el banquillo a personajes ya habituados a él, como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, junto al que comparecerán su ‘número 2’, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’.

Junto a los líderes de la Gürtel también se juzgará en esta pieza a cinco ex altos cargos del PP valenciano, entre los que destaca el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, que ya fue juzgado junto al expresidente de la Comunidad Valencia Francisco Camps en el ‘caso de los trajes’, que ahora se enfrenta a casi ocho años de prisión en un juicio por un delito electoral presuntamente cometido en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, así como las generales de 2008.

La estrategia de defensa de Costa ha seguido la línea argumental desde el principio de que él era solo una pieza del entramado de la Gürtel y que se limitaba a actuar bajo las órdenes de la cúpula nacional del PP en Génova y, en este sentido, la defensa de Costa ha pedido que se envíen al juzgado las testificaciones anteriores por otras pieza de la Gürtel realizadas por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los que fueron ministros y hombres fuertes de Aznar en su época: Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Jaime Mayor Oreja.

Pero, según publica el diario El Plural, la sorprendente respuesta del juez ha sido que la defensa de Costa puede llamarlos para que acudan a declarar en persona como testigos, dejando así la puerta abierta a que volviera a producirse la imagen de un presidente del Gobierno citado ante la Audiencia Nacional por un caso de corrupción vinculado a su partido.

En su anterior declaración, sin embargo, Mariano Rajoy no fue citado por la defensa de los acusados sino a petición de la acusación popular ADADE.

En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en Les Corts Ricardo Costa y Vicente Rambla por tres delitos electorales en 2007 y 2008 y otro delito de falsedad documental.

Del mismo modo, el Ministerio Público reclama la misma pena de prisión para el que fuera vicesecretario general del PPCV desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008 y diputado del PP David Serra; y para la administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007 y gerente regional del partido desde 1995, Cristina Ibáñez.