Un hospital público se negó a realizar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la vida de la mujer

Una doctora del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, ha denunciado el maltrato institucional de su centro por negarle la posibilidad de abortar tras sufrir una rotura prematura de la bolsa amniótica a las 17 semanas de gestación, lo que, según los ginecólogos, daba al feto «un mal pronóstico».


Según explicó la propia doctora Marta Vigara en una entrevista a la SER, el pasado mes de diciembre tuvo que ser hospitalizada con antibióticos intravenosos, y los ginecólogos le informaron de que la viabilidad del feto era muy difícil por la falta de madurez de los pulmones, y que además podía haber deformidades articulares, alteraciones neurológicas y no desarrollo de las extremidades. Ella, que es geriatra en la clínica San Carlos, decidió con su marido interrumpir el embarazo, pero en el hospital le dijeron que no era posible en ese centro porque todos los profesionales del departamento son, desde 2009, objetores de conciencia siempre que haya latido fetal y derivan a las mujeres a clínicas privadas.

No se le informó de los riesgos

La doctora Marta Vigara también se quejó de que no se le informó del peligro que la situación podía suponer para su propia salud, un riesgo de infección grave. Fue dada de alta para gestionar su propia interrupción del embarazo en una clínica privada donde el servicio es gratuito. En ningún momento consideraron que se trataba de un aborto terapéutico, por razones médicas, a pesar del mal pronóstico del bebé y del peligro que corría la madre por la rotura de la bolsa amniótica. Al final, el aborto se realizó en el Centro Isadora y fue ella misma quien tuvo que pedir ayuda para que se realizara de forma urgente porque había empezado a sangrar.

Según la doctora, se aprovecharon de su «vulnerabilidad» y «ahora que estoy más fuerte psicológicamente, puedo decir que en ese momento me sentí abandonada y casi maltratada». Pero en cuanto me pasó a mí, me sentí culpable e infeliz porque te echaron la culpa a ti. Ya que el feto está vivo, si quieres, ve y acaba con él, sola».

No hay respuesta de las instituciones

Marta denunció sin éxito su caso ante la dirección del hospital y el servicio de ginecología, las comisiones de violencia de género y de ética del centro, el Ministerio de Sanidad y el Colegio de Médicos de Madrid. Según la especialista, no recibió una respuesta positiva de nadie porque no reconocen ninguna falta por parte del hospital. La doctora ha anunciado que enviará una carta a las ministras de Sanidad e Igualdad para pedirles que adopten medidas y protocolos para garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos.

La Ley del Aborto de 2010 permite la objeción de conciencia de forma individual, pero no de forma colectiva como en este caso. La Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que el personal sanitario «directamente implicado» en un aborto tiene derecho a la objeción de conciencia «sin que se vea comprometido el acceso y la calidad de la asistencia». Según la Cadena SER, les consta que otras mujeres han tenido experiencias similares en el mismo hospital.