El juez archiva el último delito por el que se acusaba a los titiriteros al no encontrar incitación al odio

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid ha archivado la parte que aún permanecía abierta de la polémica causa contra los dos titiriteros que fueron detenidos por la representación de una obra de guiñol satírica durante los festejos del Carnaval de Madrid del año pasado año.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que el pasado febrero envió cinco días a la cárcel a los dos titiriteros, ya archivó provisionalmente el pasado junio el procedimiento sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Ahora el juez Escribano hace lo mismo respecto al  supuesto delito que se les imputaba con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Asegura en un auto que no ha quedado «debidamente acreditada la perpetración» del ilícito.

En la obra representada durante el Carnaval, de título ‘La Bruja y Don Cristóbal’ y con diálogos en esperanto, se representaba una escena en la que la bruja mataba a su violador, mientras que otro guiñol vestido de policía golpea a ésta hasta dejarla inconsciente y le coloca posteriormente, a modo de prueba falsa para que la bruja fuera acusada por el juez, la famosa pancarta con la expresión “Gora Alka-ETA”, que fue utilizada para generar el proceso contra los titiriteros.

El último delito por el que se acusaba a los titiriteros, y del que salen provisionalmente libres, se refiere a la posible lesión de la dignidad de las personas o al odio dirigido a determinadas entidades o colectivos, que en este caso serían las Fuerzas de Seguridad del Estado o la judicatura. El Juzgado 46 asumió esta parte del caso después de que la Audiencia Nacional alegara no tener competencia para investigarlo.

Ahora, casi dos años después y con todo el derroche de medios humanos y administrativos, la Justicia reconoce que no había motivo fundamentado alguno para las diligencias iniciadas contra los dos titiriteros, tras haber pasado cinco días en prisión sin sentido y de haber sufrido un «tremendo y vergonzante linchamiento» por la expoxición pública a la que fueron sometidos los artistas, que llegaron a recibir numerosas amenazas anónimas. Aunque, eso sí, de manera “provisional”, ya que aún cabe recurso contra ambas decisiones judiciales.