

Este jueves ha tenido lugar el juicio en la Audiencia Nacional contra el músico Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, acusado de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de calumnias e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado por el contenido de sus mensajes en la red social Twitter y las letras de sus canciones.
«A ver si voy a ser yo el culpable de que el rey financie sus cacerías con dinero público y a sus amantes», ha planteado el rapero, que también ha defendido sus comentarios realizados contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que se refirió como “asesinos” y “mercenarios de mierda”, porque, a su juicio, es también un dato objetivo que «asesinaron» a 15 inmigrantes en la frontera de El Tarajal en Ceuta en febrero de 2014 y quedaron impunes.
El abogado de Hásel, por su parte, ha expuesto en este caso que “es como si a los hermanos Bécquer les censuráramos por su creación de ‘Los Borbones en pelotas”, ha dicho el letrado en referencia a una publicación de los poetas que incluía sátiras de la casa real, y ha enmarcado los comentarios del músico en el derecho a la libertad de expresión y creación: “prácticamente la mitad de la creación artística en España estaría censurada” si se ataca a la sátira “crítica, ácida y mordaz” contra la Corona.
A preguntas de la fiscal sobre el tuit en el que menciona a Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 como miembro de los GRAPO, Hásel ha explicado que habló de ella porque, a su juicio, fue “exterminada por comunista” y que el Estado le negó asistencia médica.
”Cuando una persona está presa en manos del Estado hay que garantizar el acceso a una asistencia médica digna; en el caso de Isabel no fue así y eso le empujó a la muerte. Yo denuncio que es un exterminio”, ha dicho Pablo Hásel.
El rapero ha hecho uso del turno de última palabra para insistir ante el tribunal que está “sobradamente probado” lo que dice y que se está ante “otra inquisición”. “Si la Guardia Civil ha asesinado a 15 inmigrantes ¿Qué tengo que decir? Si se venden armas a Arabia Saudí ¿tengo que decir que son para garantizar una vida digna a la población?” ha expuesto.
Igualmente ha reproducido un tuit de la Policía Nacional con fecha de 2013 en el que decía que expresiones como ‘Ojalá se mueran (o una bomba) es una mezquindad, una idiotez pero no es delito’. “A mí, por muchísimo menos que esto, se me quiere condenar a prisión. Los límites de los derechos de la libertad de expresión son siempre para los mismos, el error es que yo no sea un fascista que desea bombas a homosexuales o catalanes”, ha apostillado.
Al término de la vista oral, la fiscal ha elevado a definitiva su petición de prisión por considerar que “ni la libertad de expresión ni la crítica racional amparan este tipo de comentarios”. Además, la fiscal considera que los 62 tuits publicados en su cuenta personal “son incitadores a la violencia” porque, a su entender, no se ha limitado a escribir epítetos sino que ha intentado llevar a cabo “una movilización social”.
El acusado ya fue condenado en el año 2014 por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones difundidas a través de su canal de la red social Youtube.
Tanto a su llegada como a la salida de las dependencias judiciales el músico, que cuenta con más de 54.000 seguidores en la red social de Twitter, ha estado arropado por decenas de seguidores que le han lanzado gritos de apoyo y que portaban una pancarta con el lema ‘Sin libertad de expresión no hay democracia’.
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