La Coordinadora 25S, convocante de la protesta de este sábado contra la “investidura ilegítima” de Mariano Rajoy como presidente han solicitado al Observatorio para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que envíe observadores internacionales que “monitoricen la manifestación”, afirmando que tienen “motivos fundados para inferir que el derecho de manifestación podría ser conculcado”.
Aunque los convocantes de la manifestación, de lema “Ante el golpe de la mafia, democracia”, aseguran que la convocatoria ha sido comunicada a Delegación de Gobierno y que la manifestación ha sido autorizada, recuerdan que el Gobierno español ya ha sido reprobado anteriormente por organismos internacionales como la UE y la misma OSCE en el marco del respeto a los derechos humanos en cuanto a manifestación, expresión e información.
Los motivos por los que la Coordinadora 25S pide la presencia de observadores internacionales son cuatro, según un comunicado de la organización:
1. «El actual Gobierno en funciones, de quien depende Delegación del Gobierno, es el que ha aprobado con la oposición del parlamento y la sociedad civil la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que ya ha sido reprobada por varios organismos internacionales como la Unión Europea o la misma OSCE».
2. «El Ministerio del Interior en funciones ha anunciado la presencia de al menos 500 unidades antidisturbios. Pese a haber anunciado en todos los medios posibles por nuestra parte que se trata de una manifestación pacífica, tamaño despliegue nos parece que sigue por parte del Ministerio del Interior una estrategia de criminalización ideada para provocar miedo e impedir que quien quiera pueda decidir libremente acudir a la manifestación».
4. «Que artículos publicados en la prensa recientemente en el que se hacen públicas identidades de activistas sin delito alguno relacionados con la citada manifestación nos hace sospechar, si no confirmar, la existencia de listas negras de activistas. Algo que atenta gravemente contra la declaración de derechos humanos y pone en riesgo la integridad de estas personas».
Desde la Coordinadora 25S aseguran se trata de “de medidas claramente coercitivas” por parte del Gobierno contra la protesta aunque los convocantes están poniendo de su parte “todos los medios posibles para que el fundamental derecho de manifestación no se vea coaccionado” -tales como la comunicación en plazos previstos a las autoridades, la reiteración del carácter pacífico de la manifestación o la atención al ordenamiento actual recogido en la Ley Mordaza-, por lo que consideran que “la observación de la OSCE podría favorecer claramente que el derecho de manifestación no se viese conculcado”.
