La Administración General del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado «innecesarias», según la Asociación de Geógrafos de España (AGE).
El presidente de AGE, Jorge Olcina, ha señalado que se trata de actuaciones «que no se debieron haber hecho» porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales.
Olcina ha explicado que este estudio no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras, y que ha sido «muy voluntarista» por parte de equipos de geógrafos de las universidades citadas, ya que ha carecido de ayuda económica del Estado y se ha elaborado porque los profesionales vieron «la necesidad de hacerlo, aunque fuera por amor al arte».
De esta forma, han buscado ofrecer a la sociedad los datos desde el punto de vista académico de la gestión de las administraciones públicas con el fin de que, posteriormente, los ciudadanos puedan tomar «decisiones a la hora de ir a votar».
El experto ha adelantado la cifra del despilfarro de dinero público en esas dos décadas en España durante la presentación pública de manifiesto «En defensa del territorio. Ante los nuevos retos del cambio global», que es una addenda al «Manifiesto por una nueva cultura del territorio», documento que data de 2006 y que debe de servir de guía para el desarrollo urbano en España.
En esta actualización sobre el citado documento estratégico sobre los procesos que atañen al territorio, la AGE y el Colegio de Geógrafos piden más «prudencia» a las administraciones públicas competentes a la hora del crecimiento urbano para, entre otros aspectos, preservar la conectividad ecológica y funcional, y adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático.
Otros de los objetivos que persiguen los geógrafos en la actualización que proponen es que los poderes públicos garanticen el derecho a la vivienda, que haya estrategias para combatir la despoblación rural del centro de la península Ibérica y que se incluya la equidad, la justicia ambiental y la activación del patrimonio territorial, entre otros aspectos, en la planificación y gestión urbanística.
De esta forma, quieren aplicar un modelo basado en «la sensatez y el crecimiento racional», que evite el desarrollo de una nueva «burbuja inmobiliaria», como la que se registró de 2000 a 2008. (Agencias)
