A pesar de la intensa protesta social y de las campañas de las organizaciones ecologistas en contra de las prospecciones petrolíferas las aguas de las Islas Canarias, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la autorización definitiva del Gobierno a la empresa de hidrocarburos Repsol para que inicie lo sondeos.
Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han emitido un comunicado de rechazo anunciando que recurrirán ante los tribunales la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo porque consideran que “el proceso para emitir dicha autorización ha sido notoriamente irregular”, además de lo “cuestionable democráticamente que es imponer a un pueblo una decisión como esta”.
Estas organizaciones ya entregaron el pasado 17 de junio en la oficina central de Repsol en Madrid las más de 200.000 firmas ciudadanas recogidas en contra del proyecto, para pedir a la multinacional que desistiera de su intención de iniciar las prospecciones en las islas, un gesto que tanto la empresa como el Gobierno del Partido Popular desatendieron.
“Las declaraciones de los principales responsables del Ministerio siempre han ido dirigidas a apoyar los intereses de la multinacional Repsol, y en contra de los intereses generales, de la opinión científica y de la voluntad del pueblo y las instituciones canarias”, expresan las organizaciones en el texto.
También denuncian que “la tramitación del expediente ha estado plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido”, de que “no se ha propiciado una verdadera y transparente participación en el proceso” y se quejan de haber recibido tardíamente la “nueva y abundante documentación” incluida en el expediente de Repsol, “sin tiempo siquiera para ser analizada”.
El Ministerio “tenía redactada la autorización a las prospecciones antes de abrirse el plazo” para recibir las alegaciones de los grupos ecologistas, consideran estos debido a que el Gobierno no ha tenido en cuenta los documentos aportados por las organizaciones para concluir el expediente de Repsol y dar su autorización.
Para los ecologistas, que denuncian desde hace meses el proyecto, se ha minimizado el impacto que tendrán las prospecciones sobre los cetáceos y el resto de fauna y ecosistemas marinos, además de afectar negativamente a la calidad del agua potable (procedente de desalinizadoras) y a sectores de gran importancia social y económica para las islas: la pesca y el turismo.
“Nuestro Gobierno deja pasar la oportunidad de elegir el camino de la sostenibilidad y se vuelca en favorecer los intereses particulares de las grandes empresas energéticas en contra de los generales de la ciudadanía”, en vez de “apostar por la eficiencia, el ahorro y las energías renovables, de las que España era líder mundial”, concluyen las ONG.
Autorización del Gobierno a Repsol
La autorización a Repsol Investigaciones Petrolíferas corresponde a la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Canarias 1’ a ‘Canarias 9’, situados en el océano Atlántico, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
En concreto, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respctivamente, actuando la primera de ellas como operador.
El proyecto consiste en la realización de dos sondeos, más uno contingente a los resultados de los dos primeros, en los permisos denominados ‘Canarias 1’ a ‘Canarias 9’, localizados en la cuenca atlántica de Canarias y, hasta el momento, inexplorada por sondeo.
Su objeto es investigar la existencia de hidrocarburo en la cuenca, siendo el objetivo principal depósitos arenosos turbidíticos del Terciario y Cretácico.
Los tres sondeos autorizados se llaman Sandía, Chirimoya y Zanahoria, y el más cercano de ellos estará a 50 kilómetros de la costa. El primero se encuentra bajo una lámina de agua de 870 metros y a una profundidad total de 3,1 kilómetros, así como a 55,5 kilómetros de la costa.
El segundo, a 1,1 kilómetros bajo el mar, alcanzará una profundidad de 3 kilómetros y estará a 50 kilómetros de la costa, mientras que el tercero, a 55 kilómetros de la costa, se encontrará bajo una lámina de agua de 1,02 kilómetros y llegará a profundidades totales de 6,9 kilómetros.
Condiciones e inspecciones
La resolución contempla catorce condiciones para los sondeos, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros.
Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos.
Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones. (Postdigital/Agencias)
Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.
El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.
El Gobierno también ha puesto como condició que, en el plazo de seis meses desde la terminación de cada sondeo, se remitan informes técnicos acerca del desarrollo de los trabajos.
