El sindicato Comisiones Obreras acusa al Gobierno de María Dolores de Cospedal de usar “recetas caseras” para “engañar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha en relación con los datos del desempleo” a través de la privatización de la gestión de los servicios públicos de empleo.
Según el sindicato, en el registro oficial de la Junta de Comunidades figuran 284.281 demandantes de empleo inscritos en agosto de este año, sin embargo, los datos oficiales sobre desempleo que ofrece el Gobierno de Cospedal señalan 235.049 personas en paro, por lo que cerca de 50.000 desempleados “se han perdido por el camino de un despacho a otro”, es decir, el 21% de los desempleados de Castilla-La Mancha.
Para CCOO, el “ingrediente secreto” de esta “cocina casera” que permite la elaboración de estos datos se encuentra en la privatización de la gestión de las oficinas de empleo de la Comunidad, licitada a una empresa por un millón de euros.
La misión de esta empresa privada sería la de “dulcificar los datos oficiales de desempleo, remarcar el discurso oficial de que estamos saliendo de la crisis y, por tanto, el empleo se recupera”. “No tiene la misión de buscar empleo a la gente sino sacar a la gente de las listas oficiales del desempleo”.
La estrategia de la desaparición mediante encuestas
La estrategia para ello habría sido la de utilizar una encuesta mediante la cual la empresa identifica, según su criterio, a las personas censadas como desempleadas que no están en disposición de encontrar un empleo. Dichas personas quedan excluidas de las listas de desempleados, aunque ni han encontrado trabajo ni están realizando ninguna formación adicional, y ni siquiera se les notifica que dejan de constar a efectos estadísticos.
Además, en la página web de esta agencia privada de colocación contratada por la Consejería de Empleo no existe ninguna oferta de trabajo para Castilla-LaMancha, según denuncia el sindicato, que anuncia su intención de dirigirse a la Unión Europea para pedir amparo, además de estudiar si existe marco jurídico para emprender acciones legales ante los tribunales.
El PP amenaza con acudir a los tribunales sin aportar información
El sindicato también exige que, con carácter urgente, se rescinda el contrato “a la empresa del millón de euros”, porque en realidad, dicen, hay más desempleados ahora en Castilla-La Mancha que hace tres años cuando llegó el gobierno actual.
La respuesta desde el Gobierno de la Junta de Comunidades ha sido la de amenazar a CCOO con estudiar acciones legales ante lo que consideran una “falsedad” y acudir a los tribunales, pero no se ha aportado documentación alguna que desmienta las acusaciones del sindicato.
