La asociación Jueces para la Democracia ha calificado la legislatura que está próxima a concluir como «la peor de la historia de la democracia en justicia» y que su ministros Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han desarrollado una «gestión decepcionante» que ha supuesto «cuatro años perdidos en justicia».
Así lo ha explicado hoy a lo medios de comunicación el portavoz de la entidad, Joaquim Bosch, en el cierre hoy en Cádiz del 30 congreso Justicia y Constitución en el siglo XXI.«Los proyectos más que discutibles de Gallardón- como las tasas judiciales o la ley del aborto- finalmente han pasado al cajón de los proyectos olvidados», ha explicado Bosch.
Además, ha indicado que «lo único que ha salido adelante son cuestiones muy negativas en materia de derechos, como la reforma del Código Penal, que incorpora una interpretación de la cadena de perpetua, y la Ley de Seguridad Ciudadana».
El portavoz de esta asociación, una de las cinco que aglutinan en España a jueces y magistrados, ha expresado que le preocupa que el Consejo General del Poder Judicial continúe siendo «la correa de transmisión de las fuerzas políticas» y que la reforma planteada en la Ley de Enjuiciamiento Judicial establezca un período de 6 a 18 meses máximo para instruir las causas.
«Esto en asuntos complejos como los de corrupción va a facilitar la impunidad, porque en ese tiempo es imposible tramitar ciertos asuntos judiciales», ha afirmado.
En este sentido se ha preguntado: «¿Qué sabríamos a día de hoy del caso Urdangarín, de la Gurtel o de los ERE si en 18 meses se tendrían que haber acabado? No sabríamos prácticamente nada».
El portavoz de Jueces para la Democracia ha llamado la atención sobre el hecho de que esta reforma no vaya a suponer ninguna ampliación de medios y ha aseverado que «con los mismos medios pretender que lo que está tardando 6,7 u 8 años se haga en meses es absolutamente imposible».
También ha criticado que el Partido Popular «se enroque» y sea contrario a una reforma de la Constitución cuando «la ciudadanía está pidiendo a gritos una mayor participación», mientras que los líderes del PSOE y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente, sí les han manifestado estar a favor de llevar a cabo reformas en este sentido.
«Una Constitución que no sea capaz de adaptarse a sus tiempos corre el peligro de ser un elemento más de descomposición de la sociedad», ha insistido.
Durante su intervención, el portavoz de Jueces para la Democracia también han asegurado que sería «inconstitucional» poner en marcha una ley que impida la grabación de los detenidos, ya que se limitaría el derecho a la información.
Ha criticado que «ahora, cuando esto afecta a casos de corrupción que están salpicando a políticos, sí que hay mucha prisa en que estas imágenes no se difundan».
Además ha señalado que «la presión de los intereses económicos han vaciado de contenido muchos derechos sociales como el derecho a la vivienda».
