En la víspera del inicio del macrojuicio que sentará finalmente en el banquillo este lunes a la infanta Cristina y a su marido, el que fuera socio de Iñaki Urdangarin y acusado junto a él, Diego Torres, ha afirmado en televisión que “la Casa Real estaba al corriente de las actividades del Instituto Nóos”.
“El rey Juan Carlos conoció, supervisó e incluso colaboró” con Nóos según ha sostenido Torres en la primera entrevista concedida en televisión a la periodista Ana Pastor en el programa de La Sexta ‘El Objetivo’. Para apoyar sus declaraciones, el exsocio de Urdangarin ha leído parte de dos correos electrónicos entre él y la Casa Real, uno de los cuales habría sido excluido del sumario por el juez Castro.
En este correo, de dos páginas de longitud, Torres describía pormenorizadamente el evento del Valencia Summit, organizado por Nóos y financiado por la Generalitat Valenciana, y solicitaba al rey emérito su colaboración “para facilitar la asistencia al encuentro de determinadas personalidades del mundo del deporte”. Un correo que habría sido excluido del sumario “diciendo que no tiene relación con los hechos”, según ha explicado Torres.
“Su Majestad el Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos”, leía después Torres el contenido de un segundo mail que le habría sido enviado desde la Casa Real. Torres ha asegurado que 300 correos que vinculan a la Casa Real con el Instituto Nóos han sido entregados al juez Castro, algunos del antiguo rey y otros de otros de otras personas, como Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas. Además, Torres ha denunciado que desde el entorno de la Casa Real le ofrecieron dinero y un puesto de trabajo a cambio de asumir un mayor grado de responsabilidad a favor del marido de la infanta, una oferta que rechazó por no ser “chivo expiatorio de nadie”.
Iñaki Urdangarin y Diego Torres están acusados de trafico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales por usar presuntamente el Instituto Nóos y un complejo entramado de empresas para saquear 6,2 millones de euros de dinero público de las administraciones del Gobierno balear, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Madrid, y por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 19,5 y 16,5 años de prisión respectivamente.
El juicio que comienza este lunes, desde que se iniciara la investigación en 2010, durará seis meses y sentará en el banquillo a otras 16 personas, entre las que se encuentra la infanta Cristina, que se enfrenta a 8 años de prisión acusada de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales por los que su marido defraudó 337.138 euros del IRPF en 2007 y 2008.
