Entre los privilegios a los que ha renunciado el diputado se encuentran el seguro de vida por valor de 350.000 euros, una tarjeta de taxi por valor de 3.000 euros, una tarjeta para circular gratis por autopista o una tarjeta de aparcamiento gratis en aeropuertos, además de la pensión por jubilación correspondiente a su período en la Cámara (1.200 euros al mes). A lo que no ha podido renunciar a pesar de haberlo intentado es a su condición de aforado, que ya solicitó el pasado agosto y que le fue rechazada por los servicios jurídicos del Congreso.
El pasado 17 de octubre Cañamero registró en el Congreso una petición para que al menos los juicios que tiene pendientes de su etapa como sindicalista y activista previa a ser diputado sean juzgados en tribunales ordinarios y no en el Supremo como aforado. Se trata de la ocupación por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca cordobesa de Sotomonte (propiedad de la Junta de Andalucía) en el mes de junio de este año y a su intervención en piquetes informativos durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
“No quiero tener ningún privilegio”, ha afirmado el diputado en reiteradas ocasiones. “Representamos a la sociedad civil sin ningún tipo de privilegios. La política es una profesión, es vocación y tiene que estar al servicio de la gente”.
