Mientras en el exterior del Parlamento se multiplicaban las protestas, el pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles la ratificación del controvertido acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá (CETA), lo que permitirá su entrada en vigor provisional en abril, cuando la parte canadiense ratifique en las próximas semanas el texto negociado.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han opuesto a su ratificación, porque dudan de las garantías que ofrece en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. La Izquierda Unitaria ha criticado con dureza el «mal acuerdo» negociado con un buen socio, Canadá, en palabras de su portavoz en el debate, Anne-Marie Mineur.
Las políticas contra la mayoría social tienen responsables y en IU les ponemos nombre y apellidos. #CulpablesCETAhttps://t.co/QSOpLcIT0k pic.twitter.com/a3SCpeWxa7
— Alberto Garzón (@agarzon) 15 de febrero de 2017
Pancartas y consignas coreadas en contra han acompañado la votación que estaba teniendo lugar en el interior del parlamento, fundamentalmente dirigidas hacia el partido socialista, en un intento de que los diputados, que no debían seguir la disciplina de voto a nivel europeo, se inclinaran en contra del acuerdo en el último momento.
La organización ecologista Greenpeace ha llevado a cabo una cadena humana al inicio de la mañana, forzando a eurodiputados y trabajadores de la institución a sortearla. Además, 18 activistas de la ONG procedentes de Francia y Alemania se han manifestado en las heladas aguas que rodean el Parlamento a bordo de tres embarcaciones hinchables y con una estatua de la “Dama de la Justicia” simbolizando el hundimiento de la democracia y la justicia con la aprobación del tratado, y portando pancartas en varios idiomas con el lema “Hundid el CETA, no la Justicia”.
El #CETA ha sido aprobado en el PE pero la lucha continúa. Ahora tiene que pasar por más de 38 parlamentos nacionales y regionales #stopceta pic.twitter.com/KMydYkGHlB
— Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto) 15 de febrero de 2017
También ha tenido lugar a media mañana una manifestación que ha recorrido las calles desde el centro de la ciudad hasta el Parlamento, visibilizando la oposición social a la aprobación del CETA.
Tanto en Europa como en Canadá, las organizaciones sociales de medio ambiente, de consumidores y de protección de la salud, así como las organizaciones sindicales han advertido que el CETA daría a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos y que amenaza la legislación y las normas que protegen la naturaleza, la salud pública y los derechos sociales.
En España, el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto ha comentado que «Que el PSOE haya votado hoy sí al CETA, como ha hecho el bloque conservador, supone un apoyo al desgobierno de la globalización, eliminando las reglas que defienden los derechos y la protección del medio ambiente y dando más poder a las grandes corporaciones».
Shira Stanton, asesora de la política comercial de la UE en Greenpeace, ha declarado que «Apoyar al CETA es seguir el juego del populismo y el extremismo en Europa y Norteamérica. Justo en el momento en el que somos testigos de cómo el nuevo gobierno de los EEUU se ha configurado para mayor poder e influencia de las grandes corporaciones y el poder financiero, el CETA amenaza con socavar la democracia y el estado de derecho en Europa, en beneficio de un puñado de multinacionales. Los representantes elegidos de cada país de la UE todavía tienen la oportunidad de poner fin a este acuerdo de comercio tóxico y posicionarse del lado de la gente y el planeta».
El objetivo del CETA, exponen los detractores del tratado, no es sólo eliminar las barreras comerciales de tipo arancelario, sino sobre todo eliminar las diferencias de criterio y de cultura legislativa entre la Unión Europea y Canadá, algo que los defensores del CETA se empeñan en definir eufemísticamente como “barreras no arancelarias” y que califican como obstáculos al comercio y la inversión. Greenpeace advierte que esto podría en riesgo la protección del medio ambiente, la salud, los derechos labores y la capacidad democrática de defender el bien común, en favor de los intereses de los sectores económicos y financieros.
