El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes a los trabajadores del Partido Popular procesados en el caso del borrado de los ordenadores del extesorero del partido, Luis Bárcenas, porque considera que se comportaron «como habitualmente se comporta la gente en una circunstancia como ésta».
En un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, Rajoy también ha señalado que «preferiría que no se produjera» el juicio que se va a celebrar por la destrucción de pruebas en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de los populares, pero ha remarcado que su «obligación» es respetar las decisiones que tomen los tribunales.
«Ahí van a ir unos funcionarios que yo creo que se han comportado como habitualmente se comporta la gente en una circunstancia como esta», ha señalado el presidente del Gobierno sobre los tres cargos que declararán junto con el partido en un juicio por decisión de la jueza de instrucción de la Audiencia Provincial de Madrid, Rosa María Freire.
La Audiencia Provincial de la capital abrió el pasado 1 de diciembre el juicio oral contra el PP, la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
Rajoy ha asegurado que la sociedad española va a salir «mucho más fortalecida» del golpe que supuso para España la crisis económica combinada con la corrupción política. «Probablemente algunas personas debieron tener comportamientos más honorables y probablemente en materia económica podrían haberse tomado otras decisiones que fueran mejores para España», ha apuntado el presidente, que prefiere quedarse «con lo positivo, con el futuro». «La sociedad española ha sido capaz de superar esas dos crisis y de ahí va a salir mucho más fortalecida de cara a los próximos años», ha señalado.
El PP había intentado evitar el juicio oral presentado hace una semana un escrito en el que hacía su último intento de usar la doctrina Botín para evitar el juicio. «Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones», alegó su defensa.
A pesar de ello, la jueza no ha aceptado el recurso de alegación presentado por el partido y ha iniciado el juicio oral contra los acusado que se enfrentan a un delito de encubrimiento y daños informáticos.
