La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que el Gobierno no ha gastado 44 millones del presupuesto aprobado para el Sistema de la Dependencia, cuando existen 310.000 personas en lista de espera, de los que 120.000 son dependientes severos.
Con los datos del Sistema de la Dependencia cerrados a 2017, explica esta asociación, «se han dejado de ejecutar 44 millones de euros y el incremento real de la aportación estatal por este concepto entre el año 2016 y 2017 ha sido de 28 millones de euros (el 2,4 %), lo que iguala la cantidad con la que hubo que suplementar los presupuestos de 2016».
Recuerda que «hace ahora casi un año se anunciaba a bombo y platillo un incremento de 100 millones en los Presupuestos Generales del Estado 2017 para la atención a la Dependencia (un 8,6 %), tras el acuerdo del Gobierno con Ciudadanos».
Así, detalla que el presupuesto inicial en 2017 para la dependencia es de 1.262 millones de euros y el presupuesto liquidado es de 1.218 millones de euros, es decir, no se han ejecutado 44 millones de euros.
«El Gobierno incumple sistemáticamente su obligación de garantizar con financiación suficiente el mínimo de protección para cada persona dependiente, según establece el artículo 9.1 de la Ley», señala esta organización, que lamenta que «quienes apoyaron los presupuestos 2017 creyendo haber inyectado más fondos al sistema, o se dejaron engañar o nos engañaron a todos».
Los directores y gerentes de los servicios sociales denuncian que, entre tanto, las comunidades autónomas «siguen asumiendo la presión directa de una demanda que han de atender sin financiación suficiente».
«La crueldad estriba en la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de los cuales 120.000 son grandes dependientes, muchos en situaciones dramáticas para ellos mismos y para sus familiares o cuidadores», asegura en un comunicado.
Los gerentes condenan que abandonan por fallecimiento 100 personas al día la lista de espera sin haber recibido las prestaciones y servicios que les fueron reconocido por ley.
«Han conseguido incrementar el número de atendidos y reducir las listas de espera, pero a costa de bajar la intensidad de los servicios prestados y de mantener la desatención a los más graves», concluye la asociación.
