Unos 3,1 millones de pensionistas, el equivalente al 32,6% del total, cobran por todas sus pensiones menos de los 8.200 euros anuales que delimita el umbral de la pobreza, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de la ‘Estadística de mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de 2016’ que elabora la Agencia Tributaria.
Para Gestha, el hecho de que un tercio de los pensionistas reciba pensiones que, en suma, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza evidencia la «urgente» necesidad de incrementar las pensiones mínimas, cuya revalorización ha sido supeditada por el Gobierno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Por comunidades y en valores absolutos, Andalucía (651.617) y Cataluña (521.763) son las que cuentan con un mayor número de pensionistas que cobran pensiones por debajo del umbral de la pobreza, seguidas de Comunidad Valenciana (356.257), Madrid (344.746) y Galicia (310.793).
Por su parte, Canarias, Galicia y Murcia, con un porcentaje próximo al 40%, son las comunidades en las que existe una mayor proporción de pensionistas que cobran pensiones inferiores al umbral de la pobreza. En el otro extremo se sitúan Madrid y Aragón, con porcentajes cercanos al 26%, y Asturias (23,8%).
Según los técnicos de Hacienda, el 60,4% de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres, y existen importantes brechas de género.
Las mujeres mayores de 65 años cobran una pensión casi un 49% inferior a la de los varones de esa misma franja de edad. En concreto, la brecha en este caso es de 5.770 euros.
Por comunidades, la mayor diferencia se localiza en Asturias, donde las mujeres mayores de 65 años cobran 8.751 euros menos que los pensionistas de su misma edad. En cambio, Extremadura es la que presenta la menor brecha (3.483 euros).
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha destacado que teniendo en cuenta los casi 2.000 millones de euros que cuestan los planes privados de pensiones de los que se benefician principalmente las 380.000 personas con rentas más altas, «no se entiende la falta de voluntad política para acordar financiar con impuestos las pensiones no contributivas y equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, y así poder revalorizar las pensiones en función del IPC».
