La Administración General del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado «innecesarias», según la Asociación de Geógrafos de España (AGE).
El presidente de AGE, Jorge Olcina, ha señalado que se trata de actuaciones «que no se debieron haber hecho» porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales.
