El Congreso ha rechazado este martes, con los votos en contra de PSOE, PP, Vox, Cs y PNV, la tramitación de la ley promovida por los sindicatos y los grupos a favor del derecho a la vivienda, que no pasa la primera votación en la Cámara Baja.
La iniciativa, impulsada por CCOO, UGT, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos, entre otros colectivos, contó con el apoyo de Unidos Podemos, ERC, EH-Bildu, CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG. PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y PRC votaron en contra, mientras que Junts, Teruel Existe y Nueva Canarias se abstuvieron.
Aunque apoyó la iniciativa, Unidos Podemos retiró su firma en el último momento. El partido lo explicó como un gesto hacia su socio de coalición ante la próxima aprobación del proyecto de ley del Gobierno y así «no dar al PSOE ninguna excusa para romper el acuerdo».
La iniciativa se registró en medio de las negociaciones entre PSOE y Unidos Podemos para intervenir en los precios de los alquileres, antes del acuerdo que desbloqueó una normativa que aún está en fase de borrador.
Mientras defendía la iniciativa, la portavoz de vivienda de ERC, Pilar Vallugera, lamentó cómo 466.279 familias se han visto privadas de su primera vivienda, bien por desahucio de su alquiler o por ejecución de su hipoteca desde 2013. En un turno posterior, su portavoz, Gabriel Rufián, recordó que la propia Constitución ordena garantizar el acceso a la vivienda y regular e impedir, literalmente, la especulación.
Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu, se preguntó cómo, si la vivienda es un derecho, hay más de 40.000 personas sin hogar en la calle, hay 4 millones de viviendas vacías, se han realizado ya 32.000 desahucios este año, y los alquileres representan de media más del 40% de un salario medio, y hasta el 60% en el caso de los jóvenes.
«Hay dinero y hay vivienda; lo que hace falta es la voluntad política de convertir un derecho en una realidad», ha afirmado Albert Botran (CUP), subrayando que esto implica «enfrentarse a los bancos y a los intereses de las grandes inmobiliarias».
El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que regular los precios es una necesidad no solo para la ciudadanía, sino para la propia economía, ya que las elevadas rentas inmobiliarias detran recursos que podrían ir al consumo, y favorecen negocios rentistas a actividades productivas.
Joan Baldoví, de Compromís, ha señalado que la ley no se queda sólo en la regulación de precios o la dación en pago, sino que recoge aspectos básicos como garantizar que no hay más desahucios sin alternativa o un suministro básico de energía y agua.
El PP ha recurrido al turno en contra para evidenciar su total oposición a la iniciativa y a la intervención del mercado del alquiler, ya que cree que es posible facilitar el acceso a la vivienda con las recetas seguidas por los gobiernos ‘populares’, tal y como ha asegurado su portavoz en la materia, Ana María Zurita. Además, ha instado a los grupos defensores a exigir cuentas al Gobierno por los desahucios y los problemas de acceso.
Su homóloga en Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha reivindicado la propuesta de las organizaciones sociales y ha prometido que toman «buena nota» para tratar de mejorar el proyecto del Gobierno con sus aportaciones.
El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ya había avanzado su rechazo por considerar que la propuesta de los colectivos sociales «choca frontalmente» con la del Gobierno, y su diputado Ignacio López Cano, durante el debate en el Pleno, ha asegurado que la norma vulnera el marco competencia establecido en la Constitución.
Un argumento también esgrimido por el PNV, sorprendido por cómo grupos soberanistas o autonomistas «no han sido respetuosos con las competencias», pero también con que un grupo del Gobierno haya impulsado una legislación al margen a la del Ejecutivo que forman parte.
«Cómo les han utilizado a ustedes para esto», ha ironizado el diputado de Cs Juan Ignacio López-Bas, dirigiéndose a los defensores de la iniciativa tras conocer la retirada de firma de Unidas Podemos.
Por su parte, Cristina Esteban Calonje (Vox) ha criticado la «criminalización» que a su juicio se hace en la iniciativa de la propiedad privada cuando, ha reivindicado, «la inversión en vivienda forma parte de la identidad» española
