La Fiscalía ha cerrado su investigación sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. Cuatro años después de que Anticorrupción iniciara su investigación, la Fiscalía ha cerrado las diligencias que llevaron a su protagonista a refugiarse en Emiratos Árabes Unidos en 2020. La decisión se basa en que el monarca disfrutó de inviolabilidad hasta junio de 2014, en la prescripción de determinados hechos y en las regularizaciones fiscales voluntarias que realizó en el último año. Esta es la clave para explicar el cierre del caso: se han acreditado comportamientos irregulares, pero no son perseguibles, explican fuentes fiscales a El Confidencial. Con los dos decretos de archivo, la Fiscalía General del Estado descarta abrir una causa contra Juan Carlos I y abre el camino para su regreso temporal a España. El archivo no implica un sobreseimiento judicial, ni provisional ni definitivo, por lo que se puede reabrir el procedimiento si surgen nuevas pruebas que impliquen otras «notias criminis» diferentes. La Fiscalía ha cerrado así las tres líneas de investigación que mantenía abiertas hasta ahora: las supuestas comisiones del proyecto del AVE a la Meca, los pagos realizados por el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause y el fideicomiso de la isla de Jersey.
Confirman que el padre de Felipe VI se benefició durante años de cantidades que nunca declaró. «La Fiscalía dice que cualquier responsabilidad penal por los años de 2008 a 2011 quedaría extinguida por la prescripción del delito. En cuanto a los aún activos, correspondientes al ejercicio 2012, el Ministerio Público precisa que ninguno de ellos sería susceptible de reproche penal «porque en esa fecha y hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos de Borbón estaba amparado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Española reconoce al Jefe del Estado, tal y como se analiza con detalle en el Decreto de Archivo, según la interpretación que la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sección Segunda del Alto Tribunal han hecho del alcance de la inviolabilidad desde el pasado». Otra de las cuestiones centrales en el archivo de los documentos se encuentra en las regularizaciones voluntarias realizadas por los eméritos. En la segunda de ellas, presentada en abril de 2021, el monarca reconocía una deuda tributaria de 4.395.901,96 euros, incluidos los intereses de demora y los recargos. «La presentación de las autoliquidaciones complementarias corresponde a los ingresos derivados de la asunción por parte de la Fundación Zagatka de determinados gastos por desplazamientos y servicios realizados por el rey de los que podrían derivarse determinadas obligaciones tributarias, que han sido regularizadas», precisó entonces. Esto se suma a la declaración voluntaria presentada por la defensa del ex jefe del Estado español tras la finalizada en diciembre, que asciende a 678.393 euros.
Tal y como desveló este diario, la entidad dirigida por Álvaro de Orleans gastó hasta ocho millones de euros en los aviones chárter del monarca entre 2009 y 2018. Con este movimiento, el rey emérito intenta cerrar la puerta a una nueva causa penal. Esta es la segunda regularización que realiza con este fin. El pasado mes de diciembre, ingresó en Hacienda otros 678.393 euros en el caso de las transferencias irregulares del industrial mexicano Allen Sanginés-Krause. En cuanto al origen de los 4,4 millones de euros pagados en esta segunda regularización, fuentes del entorno de Juan Carlos I apuntan a que proceden de empresarios amigos suyos. Como informó este periódico, el expediente se consideraba un hecho desde hace meses, aunque varias circunstancias acabaron por retrasarlo. Los decretos están firmados por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y antes de ser notificados a la defensa de Juan Carlos I, recibieron el visto bueno del fiscal general del Tribunal Supremo español.
En cuanto a la más antigua de las diligencias abiertas, la relativa a las obras del AVE en La Meca, el Ministerio Público precisa que no se ha podido establecer, «ni siquiera circunstancialmente», ninguna relación entre los ingresos denunciados de 64.884.405 euros percibidos por la fundación vinculada al monarca y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí «ni, por tanto, que dicha cantidad esté vinculada al pago de comisión alguna». «Se trataría, por tanto, de un regalo que podría haber sido recibido en atención a la condición de Jefe de Estado de Juan Carlos de Borbón en 2008 y, por tanto, susceptible de incurrir en el delito de corrupción previsto en el artículo 422 del Código Penal». En cuanto a las transferencias realizadas entre 2016 y 2019 por el empresario Allen de Jesús Sanginés Krause «de las que el rey fue beneficiario directo o indirecto», la Fiscalía las cifra en 516.606,32 euros. Especifica en este caso que la liquidación practicada los cubre y también indica que los ingresos «fueron excesivos en un importe de 16.748,14 euros». En cuanto a la cuenta con la que se le vinculó a Jersey, la Fiscalía descubrió la existencia de dos fideicomisos creados en los años 90 en los que el rey emérito aparecía como «único beneficiario» y que en 2004 fueron transferidos a un personaje del monarca, el profesor de historia Joaquín Romero Maura, sobrino del político Miguel Maura, pero considera que no hay indicios «que permitan hacer un reproche penal» contra él.
