La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia detalla en un auto que figura en el sumario del caso Azud que el pago de «comisiones ilícitas en metálico» a cargos y funcionarios públicos alcanzó «los 7 millones de euros».
El que fuera vicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau, según publica este miércoles Valencia Plaza y el periódico Levante-EMV, habría recibido «más de 2 millones de euros» en comisiones; el abogado José María Corbín habría obtenido 600.000 euros por «facturaciones ficticias», y el entonces concejal socialista Rafael Rubio 300.000 euros en comisiones.
Según Valencia Plaza, el empresario Jaime Febrer utilizó cuatro vías para pagar las comisiones ilícitas, como la confección de contratos ficticios, el abono de dinero en efectivo, compraventas de inmuebles por un precio inferior al precio al realmente abonado y la entrega de regalos.
El diario Levante señala además que, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, «una parte de sobornos se pagó mediante abono de gastos electorales» a petición de los socialistas Pepe Cataluña (responsable entonces de finanzas del PSPV-PSOE), Rubio y José Luis Vera, abogado y director jurídico de la empresa pública Divalterra.
Por su parte, el periódico Las Provincias destaca que Rubio hizo 77 imposiciones en efectivo por un total de 197.000 euros entre 2007 y 2012, y que mantuvo muchas reuniones con el considerado cabecilla de la trama, el empresario Febrer.
También publica que el abogado José Luis Vera habría recibido un millón de euros para facilitar las operaciones de Febrer en instituciones gobernadas por el PSPV.
En este caso sobre una trama de sobornos con trasfondo urbanístico hay investigadas unas 60 personas físicas, además de varias empresas.
Actualmente no hay ningún investigado en prisión provisional, pero sí han estado encarcelados el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y ex portavoz municipal socialista Rafa Rubio, el constructor Jaime Febrer y los empresarios Joaquín P.R. y Mónica M.G.
Esta decisión es el tramite judicial obligatorio para poder formalizar la imputación formal de Bellver, que fue concejal del PP de València durante el mandato de Rita Barberá como alcaldesa, pero que solo puede ser realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 tramita una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá (PP), José María Corbín.
La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).
En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que permitió llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.
Agencias/Postdigital
