El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordó archivar y cerrar la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos después de que la Sala de lo Penal se lo ordenara. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis acordó anular las diligencias de investigación.
García-Castellón aceptó poner fin a la investigación después de que la Sala Tercera de la Audiencia Nacional dictara un auto en el que se obligaba a archivar la causa por «prospectiva». El juez había reabierto la causa, que había sido declarada secreta, basándose en la declaración del ex general venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.
En el auto de la Audiencia, el magistrado ponente, Alfonso Guevara, acusaba a García-Castellón de “usurpar” las funciones del Tribunal de Cuentas por tratar de fiscalizar la financiación de un partido político. Además, los jueces le recuerdan que el delito de financiación irregular no existía en la época que él pretende investigar.
La Sección tercera ha echado por tierra, hasta en dos ocasiones, los intentos de Manuel García-Castellón de investigar la financiación del partido creado por Pablo Iglesias. Así, tilda la citada investigación de “artificiosa” y “prospectiva” para tratar de sortear los límites legales.
La investigación de García-Castellón se abrió sosteniéndose en el famoso informe PISA, que tumbó con claridad el Tribunal Supremo no solo porque se hiciera con recortes de periódicos, sino que fue inventado. En dicho informe se hablaba de la vinculación de varios miembros fundadores de Podemos como son Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, o los sociólogos Ariel Jerez y Jorge Lago con una posible financiación irregular con dinero procedente de Venezuela.
