La sesión parlamentaria del pasado martes 27 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva no como un ejercicio de democracia, sino como un acto de sabotaje institucional contra los estratos más vulnerables de nuestra sociedad. Con el rechazo al Real Decreto-ley de medidas urgentes —el mal llamado «decreto ómnibus» por quienes buscan diluir su impacto humano—, el Congreso ha ejecutado un movimiento de pinza que deja en el aire la estabilidad de nueve millones de pensionistas y la seguridad habitacional de miles de familias.
Este no es un debate sobre técnica legislativa. Es un conflicto de sentimientos: la tranquilidad de saber que puedes pagar la luz frente a la soberbia de quien usa el voto para tumbar un Gobierno, aunque por el camino se lleve por delante la cena de una viuda o el techo de una familia trabajadora.
Los rostros de la parálisis: Quién es quién en el «No»
Para desactivar la narrativa oficial de la derecha, es imperativo señalar a los responsables directos. La evidencia de la votación arroja nombres y siglas que no pueden esconderse tras la retórica del «caos del Gobierno».
El bloque de la derecha y la ultraderecha (PP, Vox y UPN): Con el cinismo habitual, el Partido Popular ha justificado su «no» alegando que no se puede mezclar la subida de pensiones con la moratoria antidesahucios. Exigen que se vote por separado para poder elegir a quién protegen y a quién abandonan. Es una trampa retórica: rechazan el paquete completo para forzar una negociación donde la vivienda sea la moneda de cambio entregada a la patronal inmobiliaria. Vox, por su parte, sigue su senda de hostilidad hacia lo público, calificando de «chantaje» cualquier medida que no pase por el recorte drástico de derechos sociales.
La traición táctica de Junts: El partido de Puigdemont se ha alineado con la derecha española en un ejercicio de egoísmo partidista que ignora las necesidades de los propios catalanes a los que dice representar. Al votar junto al PP y Vox, Junts ha priorizado su pulso particular con el Estado sobre la revalorización de las pensiones y la protección de suministros. Es el nacionalismo de élite dándose la mano con el centralismo reaccionario para asfixiar la inversión social.
Las fuerzas de apoyo que no bastaron: En el lado de la resistencia, Podemos, Sumar, Bildu, BNG y ERC sostuvieron el decreto, denunciando que este bloqueo es, en la práctica, un golpe blando a la paz social. Han señalado con acierto que no se puede jugar con la nómina de enero —que ya incluía la subida— forzando ahora una situación de vacío legal donde los pensionistas podrían tener que devolver lo cobrado o ver sus ingresos congelados en febrero.
La anatomía del ataque: Lo que nos han robado
El rechazo al decreto no es un papel que se guarda en un cajón; es una cascada de consecuencias materiales que afectan al día a día. La evidencia de los datos que ahora decaen es desoladora:
La congelación de las pensiones: La revalorización general del 2,7% (y de hasta el 11,4% en las no contributivas y de viudedad) ha quedado sin respaldo legal. Si el Gobierno no logra una aprobación de urgencia antes de procesar las nóminas de febrero, millones de mayores verán un recorte en su cuenta bancaria. Es el sentimiento de traición absoluta de una generación que lo dio todo y que ahora es utilizada como rehén parlamentario.
El fin del escudo antidesahucios: La moratoria que impedía el lanzamiento de familias vulnerables sin alternativa habitacional ha expirado. Al caer el decreto, se abre la veda para que los fondos buitre y los grandes tenedores retomen los desahucios con una celeridad que el Parlamento les acaba de conceder.
Pobreza energética por decreto: Se eliminan las protecciones contra los cortes de suministros básicos. En pleno invierno, miles de hogares vuelven a estar a merced de las eléctricas, perdiendo los descuentos del bono social que llegaban hasta el 57,5% para los casos severos.
Incertidumbre para los autónomos: Más de 150.000 trabajadores por cuenta propia se encuentran en un limbo jurídico sobre sus límites de cotización y el sistema de módulos, una inseguridad que paraliza la pequeña economía de barrio.
El «Parlamento Rentista»: Un muro contra la vivienda
El Sindicato de Inquilinas ha sido claro en sus protestas frente al Congreso: estamos ante un «Parlamento rentista». La estrategia de desactivación por evidencia nos muestra que muchos de los diputados que han votado «no» son, a su vez, propietarios de múltiples viviendas. Su voto no defiende la Constitución, defiende su patrimonio personal.
Al tumbar la prohibición de desahucios, el PP y Junts están enviando un mensaje claro a los especuladores: «el terreno está despejado». El sentimiento de rabia en los barrios es el único motor que puede frenar esta deriva. La movilización convocada para los próximos días no es solo una protesta política, es una cuestión de supervivencia. No se puede pedir «paz social» cuando se está firmando la orden de expulsión de tus vecinos.
Hacia un febrero de lucha
Este bloqueo institucional es el inicio de una ofensiva que busca desgastar al Gobierno a costa de la vida de la gente.Señalamos que la respuesta no puede ser solo parlamentaria. La evidencia demuestra que las conquistas sociales solo se mantienen cuando la calle es capaz de imponer su propia agenda.
El cinismo de quienes dicen apoyar a los jubilados mientras votan contra su pan, o de quienes hablan de «derechos nacionales» mientras desahucian a sus compatriotas, debe ser expuesto en cada rincón. Febrero no será el mes de la rendición, sino el de la organización. La política que ignora los sentimientos de vulnerabilidad de su pueblo deja de ser política para convertirse en administración de la crueldad.
