El sistema sanitario atraviesa uno de sus momentos más críticos desde la crisis de 2020. Durante la jornada de hoy, diversas plataformas de médicas y enfermeras han alzado la voz para denunciar que la atención primaria, base de todo el sistema, se encuentra en un estado de «muerte clínica» debido a la falta de inversión y la sobrecarga asistencial. Las trabajadoras de los centros de salud alertan de que la demora para obtener una cita con el médico de familia supera ya los quince días en muchas regiones, lo que empuja inevitablemente a las pacientes a saturar las urgencias hospitalarias.
La situación no es mejor en la atención especializada. Las especialistas denuncian que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas han vuelto a batir récords negativos. Según las últimas cifras analizadas por las expertas en gestión sanitaria, miles de usuarias esperan más de seis meses para una consulta externa, un tiempo que en patologías graves puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso o un empeoramiento irreversible. Las portavoces de los sindicatos sanitarios aseguran que el problema no es solo la falta de personal, sino un modelo que prioriza la derivación de fondos hacia la sanidad privada en lugar de reforzar los recursos públicos.
En este sentido, las vecinas de las zonas rurales son las que más están sufriendo el desmantelamiento de los servicios. La falta de cobertura de bajas y jubilaciones ha dejado a muchos centros de salud con una sola facultativa para atender a poblaciones dispersas, obligando a las ancianas y personas con movilidad reducida a desplazamientos imposibles para recibir una atención básica. Las asociaciones de pacientes han convocado hoy nuevas movilizaciones, exigiendo que se blinde por ley el presupuesto destinado a la sanidad pública y se ponga fin a la precariedad laboral que está expulsando a las jóvenes residentes fuera de nuestras fronteras.
Por su parte, las gestoras de la administración pública defienden que se están haciendo esfuerzos por digitalizar el sistema, pero las usuarias critican que la tecnología no puede sustituir el contacto humano y la exploración física. La brecha digital, además, penaliza a las ciudadanas de mayor edad, que encuentran en las aplicaciones y sistemas automáticos una barrera más para acceder a su derecho a la salud.
El debate se centra ahora en la necesidad de un pacto de estado que devuelva la dignidad a la profesión. Las enfermeras, que sostienen el peso de los cuidados diarios en los hospitales, exigen un reconocimiento real de su categoría profesional y una mejora sustancial de sus condiciones, advirtiendo de que el agotamiento psicológico de las plantillas es absoluto. Sin un refuerzo inmediato de las profesionales que cuidan de la población, el sistema público de salud corre el riesgo de convertirse en un servicio asistencial para quienes no pueden permitirse un seguro privado, perdiendo así su carácter universal y equitativo.
