La gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid ha vuelto a movilizar a las plataformas civiles tras el anuncio de nuevos desvíos presupuestarios hacia el sector privado. Organizaciones como Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid y el sindicato Amyts, con su secretaria general Ángela Hernández a la cabeza, han denunciado que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso está utilizando de forma sistemática la externalización de servicios para favorecer a corporaciones como Quirónsalud.
Los datos de las listas de espera, que afectan a más de un millón de madrileñas y madrileños, han sido el detonante de las últimas protestas en las calles de la capital. Mientras el Partido Popular defiende la «libertad de elección», las plataformas en defensa de lo público señalan que esta libertad es ficticia cuando se cierran las urgencias de los Centros de Atención Rural (TAR) y se precarizan los Centros de Salud de los barrios más poblados. La falta de inversión en la Atención Primaria ha llevado a que el personal médico y de enfermería mantenga una huelga indefinida contra el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, aunque las críticas se dirigen principalmente a la ejecución de competencias de la administración autonómica.
En este contexto, la figura de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, sigue en el foco público debido a sus vínculos profesionales previos con empresas del sector sanitario que reciben contratos públicos de la comunidad. Organizaciones políticas de la oposición, como Más Madrid, liderada por Manuela Bergerot, y el PSOE-M de Juan Lobato, han exigido una auditoría externa de todos los contratos adjudicados durante la última legislatura. La respuesta de Ayuso ha sido evitar cualquier debate parlamentario sobre estas cifras, centrándose en confrontar con el Gobierno central por la política fiscal.
La situación es especialmente grave en la periferia de Madrid. En municipios como Rivas-Vaciamadrid o Getafe, las plataformas de sanidad denuncian que la falta de especialistas está obligando a las familias a desplazarse a hospitales privados de gestión pública, donde el coste por paciente es significativamente mayor para las arcas de la Comunidad. Estas organizaciones civiles subrayan que la sanidad no debe ser un nicho de mercado para magnates, sino un pilar fundamental gestionado con transparencia y recursos suficientes para garantizar la salud de toda la población.
