El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión diplomática a un punto de ruptura este martes al declarar formalmente una «guerra económica» contra España. Durante una comparecencia en la Casa Blanca junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario ha lanzado un ultimátum tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para la ofensiva militar contra Irán.
«Vamos a cortar lazos comerciales»
La comparecencia ha estado marcada por un tono de confrontación directa. Trump ha sido tajante al ser preguntado por las consecuencias de la decisión española de impedir que los aviones estadounidenses utilicen las bases de soberanía española para repostar o despegar hacia objetivos iraníes:
Declaración de hostilidad: «España ha decidido ser un aliado terrible. Vamos a cortar lazos comerciales. ¿Embargo? Quizá», ha afirmado el presidente.
Cuestionamiento de la soberanía: Ante la prohibición de uso de las instalaciones, Trump ha desafiado la autoridad del Ejecutivo español asegurando: «Podemos volar y usarlas, nadie nos va a decir que no».
Reproche presupuestario: El mandatario ha acusado a España de ser el único país que no ha cumplido con el compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, calificando la situación de «estafa».
Retirada de activos militares
Como respuesta inmediata a la orden del Ministerio de Defensa español, liderado por Margarita Robles, Estados Unidos ha iniciado el repliegue de sus capacidades estratégicas en la Península:
Evacuación de aeronaves: Al menos 15 aviones cisterna KC-135 han abandonado suelo español con destino a la base de Ramstein, en Alemania.
Suspensión de operaciones: La operatividad logística que permitía el puente aéreo hacia Oriente Próximo desde Cádiz y Sevilla ha quedado interrumpida por la exigencia española de cumplir el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988.
Reacción del Gobierno de España
Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la postura de su gabinete, asegurando que España no participará en una guerra que considera ilegal bajo el derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que el uso de las bases debe ser autorizado caso por caso y siempre dentro del marco de la OTAN, excluyendo ataques unilaterales contra terceros países.
