Tras la absolución derivada de la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos tras la derogación, el pasado mes de abril, del artículo 315.3 del Código Penal, dirigido a «los que actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, obliguen a otros a iniciar o continuar una huelga»; y en el que se basaban las acusaciones, Podemos defendió el papel del grupo parlamentario de Unidos Podemos en esta derogación.
En concreto, la reforma legislativa que deroga este artículo y prevé la revisión de las sentencias firmes dictadas en base a él fue tramitada en el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE, como un aspecto pactado dentro del acuerdo de coalición con Unidos Podemos, una medida apoyada por Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias; mientras que PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra y PNV, PRC y Coalición Canaria se abstuvieron.
Podemos celebra la absolución de Cañamero y Pedro Ruiz y lamenta la «represión» sindical.
Para Podemos, «esta absolución pone en valor la derogación de un delito cuyo único objetivo era la represión de los representantes de los trabajadores».
El secretario de Movimientos Sociales del partido morado en Andalucía, Nicolás Sguiglia, también mostró su apoyo «a los luchadores Diego Cañamero, Pedro Ruiz y el SAT, que representan lo mejor de este pueblo, un pueblo solidario que se juega su integridad y su libertad por defender los derechos de los demás», participando en la manifestación de apoyo celebrada frente al edificio Noga, que alberga el Juzgado de lo Penal número cuatro.
A la manifestación también asistieron, entre otros dirigentes del partido morado, Javier García, secretario de comunicación de Podemos Andalucía; el diputado al Congreso e histórico sindicalista asturiano Cándido González y Javier Sánchez, diputado y miembro de la dirección estatal del partido morado.
Para Podemos Andalucía, el caso «no tenía recorrido judicial, ya que se trata de un caso contra un piquete informativo en una huelga general, algo amparado por la Constitución, que no está tipificado en el código penal, gracias a una derogación que se hizo precisamente para defender el derecho de todos los trabajadores», al derogar el artículo que tipificaba como delito la «coacción a otras personas para iniciar o continuar la huelga», según la redacción del artículo ahora anulado.
